Luis Fernando Almario Rojas enfrenta cargos por asesinatos, secuestros y desplazamientos en el conflicto armado
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó este lunes al excongresista Luis Fernando Almario Rojas por delitos de lesa humanidad como asesinatos, secuestros y desplazamientos por motivos políticos de 30 personas en el marco del conflicto armado con complicidad de la guerrilla de las FARC.
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Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la Fiscalía de la JEP, esta acusación marca un hito histórico para el país. El director de la UIA, el magistrado Giovanni Álvarez Santoyo, anunció en una rueda de prensa la presentación de esta acusación contra Almario.
La acusación se fundamenta en el crimen de persecución, basada en la ejecución de 30 conductas delictivas que incluyen asesinatos, desplazamiento forzado y secuestros en el departamento del Caquetá. Es la primera vez que en Colombia se presenta una acusación por este crimen de persecución, en consonancia con el Estatuto de Roma.
Luis Fernando Almario Rojas, quien fue miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, es acusado en calidad de coautor de diversos crímenes. Según la acusación, el excongresista colaboró con exmiembros de las FARC, específicamente el Bloque Sur, para llevar a cabo un plan criminal destinado a apropiarse del poder político en el departamento del Caquetá, desplazando a la familia Turbay que tenía una gran influencia en la zona.
Los crímenes atribuidos a Almario fueron cometidos entre 1993 y 2002, afectando a más de 30 personas que formaban parte del grupo político liberal turbayista. La investigación de la JEP identificó dos patrones de violencia: uno dirigido a líderes, simpatizantes y personal de seguridad del “turbayismo”, y otro relacionado con la captura del Estado para ejercer el poder ilegítimo.
El grupo “turbayista” del Caquetá era una facción del Partido Liberal liderada por Hernando Turbay, su esposa, sus dos hijos y varios dirigentes del departamento. Uno de los crímenes más destacados atribuidos a Almario es el asesinato del congresista Diego Turbay Cote, su madre y otras cinco personas en una emboscada en el Caquetá en diciembre de 2000. Este ataque fue atribuido a la columna móvil Teófilo Forero, dirigida por “El Paisa”, uno de los cabecillas más sanguinarios de las FARC.
El excongresista fue considerado “clave” en los planes establecidos por la guerrilla en el departamento, que tuvieron graves consecuencias políticas. El magistrado enfatizó la importancia de evitar que hechos similares se repitan en el país.
Almario Rojas es responsabilizado del asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas. También se le atribuye el secuestro de un congresista, un alcalde y un concejal, y el desplazamiento forzado de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico, un concejal de Florencia (capital del Caquetá), un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.
