Preocupante situación denunciada por la Asociación Shipia Wayuu y el llamado a la acción al presidente Gustavo Petro.
En la semana del 7 al 13 de mayo, se han reportado 27 nuevos casos de muertes por desnutrición en La Guajira, una situación que sigue empeorando en la región. El último caso registrado fue el de una niña de tan solo ocho meses en una zona rural del municipio de Manaure.
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El Instituto Nacional de Salud ha sido el encargado de brindar estos preocupantes datos. La Asociación Shipia Wayuu, que ha pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció este último caso, destacando la lucha constante que los niños y niñas wayuú enfrentan contra el hambre y la sed.
La menor, oriunda del corregimiento de Musichi, estaba afiliada al sistema de salud a través de la EPSI Anas Wayú. Ante esta lamentable situación, la asociación se ha dirigido al presidente Gustavo Petro para exigir acciones urgentes y decisivas que salvaguarden la vida de los niños, niñas y adolescentes wayuú. Han expresado su descontento frente a discursos vacíos y visitas de funcionarios que no se traducen en soluciones reales para la tragedia humanitaria que atraviesan.
La Asociación está conformada por 1.166 autoridades indígenas y 1.750 comunidades aliadas en cuatro municipios, todas unidas en la promoción del desacato a la sentencia T-302 de 2017. Esta sentencia busca garantizar los derechos fundamentales de los niños wayuú, como el acceso a agua potable, salud y seguridad alimentaria, entre otros.
Lamentablemente, la muerte de esta niña coincide con la visita a La Guajira de la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcoser, quien se encuentra en la región hasta el próximo jueves. Aunque se han realizado múltiples visitas durante los últimos siete años, las comunidades indígenas se sienten desalentadas al no ver resultados concretos que reduzcan las cifras de mortalidad.
El gerente para La Guajira, designado por el Gobierno Nacional para abordar la crisis humanitaria, Luis Gómez Pimienta, ha advertido que sin abordar los determinantes socioeconómicos y la corrupción, los niños seguirán muriendo. Es fundamental que el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las comunidades indígenas trabajen juntos en la implementación del plan de choque ordenado por la sentencia T-302 de 2017, el cual aún no se ha ejecutado.
La situación en La Guajira demanda acciones inmediatas y un compromiso real por parte de todas las partes involucradas para proteger la vida y el bienestar de los niños y niñas wayuú, quienes siguen enfrentando una dura batalla contra la desnutrición y la falta de recursos básicos. Es hora de actuar y cumplir con las promesas realizadas en beneficio de esta comunidad vulnerable.
