Tras el rescate de los cuatro menores perdidos en las selvas del Guaviare, el ICBF y la Procuraduría intervienen debido a denuncias de violencia intrafamiliar y abuso sexual contra el padre de los niños.
Tras el rescate de los cuatro menores que estuvieron perdidos durante 40 días en las selvas del Guaviare, se han presentado denuncias en contra del padre de las niñas, Manuel Ranoque Mucutuy. Los abuelos de los menores han señalado a Ranoque de violencia intrafamiliar y presunto abuso sexual.
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Según las investigaciones, Lesly, la mayor de los cuatro hermanos de 13 años de edad, una vez ocurrió el accidente en el avión el pasado 1 de mayo, en el cual fallecieron los tres adultos y los niños sobrevivieron, se escondió en la selva para evitar su rescate y el de sus hermanos. Lesly cambiaba de ubicación constantemente y, cuando las Fuerzas Militares y la guardia indígena se acercaban, incluso tapaba la boca de su hermana Cristín Neryman, la bebé de 11 meses, para evitar que llorara o sollozara debido a la falta de alimentos y el entorno hostil de la selva.
Fidencio Valencia, quien ha solicitado la custodia de los cuatro niños, ha denunciado que el padre cometía abusos sexuales contra una de las niñas y maltrataba a su esposa, quien falleció en el accidente. Valencia también desmintió la versión de que la madre de los menores sobrevivió durante cuatro días tras el accidente y dejó instrucciones precisas a los niños perdidos.
Manuel Ranoque, el padre de los niños, ha defendido sus acciones y ha declarado que se trata de una disputa económica entre las familias. Afirmó que las niñas mayores son como sus propias hijas, a las cuales ha provisto de educación y alimentos. Respecto a las acusaciones de violencia intrafamiliar, Ranoque admitió que tuvo conflictos verbales con su fallecida esposa, pero negó que existiera violencia física. En cuanto a las acusaciones de abuso sexual, Ranoque se declaró inocente y aseguró que son infundadas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino casi de inmediato después del rescate de los menores, con el objetivo de determinar las mejores condiciones de vida y crianza para ellos. El ICBF busca establecer si el padre es la persona idónea para mantener la custodia de sus hijos biológicos y no biológicos, a raíz de las denuncias presentadas.
La Procuraduría General de la Nación también anunció su intervención en los cuatro Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos a favor de los tres niños y la niña pertenecientes al pueblo indígena Huitoto, rescatados en el Guaviare. El Ministerio Público designó al Procurador 246 Judicial I, Pablo Sergio Badillo García, para que ejerza intervención administrativa
en los trámites que se llevarán a cabo en la Defensoría de Familia de la Dirección de Protección de la Regional Bogotá del ICBF.
Se ha establecido la reserva de las diligencias para proteger el derecho a la intimidad de los menores y priorizar su atención integral en salud.