La Procuraduría investiga a tres directivos de la entidad por presuntas irregularidades en un contrato de asesoría en proyectos ferroviarios.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra tres directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por un contrato de 8.375 millones de pesos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). El contrato tiene como objeto brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país.
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Los investigados son el vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI, Iván Humberto Baquero Susa, y los gerentes de Proyectos de la misma entidad, Libardo Alfonso Celis Yaruro y Adriana Bareño Rojas.
El Ministerio Público busca establecer si el contrato podría afectar proyectos férreos territoriales como el Metro de Bogotá, el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca.
Según la Procuraduría, se podría invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen la función de gestionar y administrar los corredores férreos regionales o distritales. Además, se habría infringido la Ley de Contratación, pues se entregó de manera directa la ejecución de los trabajos a la SCI cuando lo procedente era convocar un concurso de méritos.
También se habría presentado una falta de planeación, pues no se justificó adecuadamente el valor del contrato ni la suma pactada por concepto de administración.
Los tres investigados pueden solicitar ser escuchados en versión libre si así lo desean, en ejercicio de su derecho de defensa.
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