Empresas del sector energético y turístico son señaladas por vulnerar derechos en La Guajira, generando una paradoja entre beneficios corporativos y la situación de vulnerabilidad de las comunidades.
La relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, advierte sobre la preocupante vulneración de derechos en La Guajira, donde se evidencia una paradoja entre las empresas del sector energético y turístico y la realidad de las comunidades.
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En esta región, empresas que obtienen grandes beneficios de la explotación de los recursos naturales contrastan con la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta el pueblo wayúu, que constituye casi la mitad de la población local y sufre de hambre y sed.
La relatora destaca la presencia de empresas como Cerrejón y otras dedicadas a energías renovables, señalando que las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales parecen estar relacionadas con el rol de los actores empresariales.
Durante su visita al territorio, la relatora recibió denuncias sobre impactos en la salud, el agua, el medio ambiente y los derechos de información y participación, tanto por parte de empresas del sector extractivo como por empresas de energías renovables que no cumplen con la debida diligencia.
Asimismo, se reportaron denuncias de desalojos, amenazas a líderes y hostigamientos a defensores de derechos humanos, lo cual atenta contra su derecho a un ambiente sano y a defender derechos fundamentales.
Además, se denunció la concesión de territorios sin respetar los derechos a la propiedad colectiva, consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, lo cual va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
La relatora resalta la importancia de las energías renovables para la transición justa en el contexto de la emergencia climática, pero enfatiza que es fundamental que se respeten los derechos humanos de las comunidades afectadas por estos proyectos.
Se propone pasar de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial a uno de Empresas y Derechos Humanos, donde Colombia adopte un enfoque que cumpla con los estándares interamericanos tanto en proyectos de energías renovables como en aquellos de naturaleza extractivista.
Es necesario exigir a las empresas que operan en La Guajira, y que se benefician de la región, que actúen con debida diligencia según los estándares interamericanos y universales.
La relatora destaca los derechos específicos de los pueblos indígenas de La Guajira, como el derecho a la consulta libre, previa e informada, y a participar en los beneficios del desarrollo derivados de sus territorios y recursos naturales.
Desde la Relatoría Especial se presentaron 12 criterios que deben guiar la acción de los Estados y las empresas, entre ellos: centralidad de la persona y la dignidad humana, universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, igualdad y no discriminación, derecho al
desarrollo, derecho a un medio ambiente sano y derecho a defender los derechos humanos.
También se destacan la transparencia y acceso a la información, consulta libre, previa e informada, prevención y debida diligencia en materia de derechos humanos, rendición de cuentas y reparación efectiva, extraterritorialidad, y lucha contra la corrupción y el cohecho del Estado.
