“Se evidencian falencias en las tres etapas de la política criminal”.
Tras las amenazas que en el fin de semana profirió por redes sociales Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, la reunión del consejo de seguridad y las primeras acciones del Inpec contra el jefe de la banda ‘Rastrojos-Costeños’, los gremios de comerciantes han guardado hermetismo.
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Mientras, expertos analizan la creciente ola de inseguridad en la que diferentes modalidades delictivas: fleteros, extorsionistas, raponeros y sicariato. Son las categorías de delitos que en Barranquilla generan la sensación de inseguridad
Según Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, “en Barranquilla y su área metropolitana lo que estamos evidenciando es una competencia armada entre distintos grupos ilegales y esa competencia ha generado un contexto de anarquía criminal en la cual estamos viendo distintas expresiones de violencia que interactúan y que conviven en un espacio territorial”.
Llamó la atención el profesor de ciencias políticas al considerar que las autoridades locales no pudieron anticipar el problema y todavía no han sabido descifrar una solución.
Trejos considera que ha habido una negación de la realidad, “se minimizó o se subvaloró” al crimen organizado.
“En ese sentido, los diagnósticos que se hicieron para tomar decisiones, siempre fueron errados”, señaló al referirse a las medidas que se han adoptado y que han resultado insuficientes.
Por su parte, Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, consideró que “el Distrito de Barranquilla es el escenario del enfrentamiento entre estructuras de bandas criminales por el control de rentas y economías ilegales”.
Anotó que en ese panorama se evidencian falencias en las tres etapas de la política criminal para la contención del delito: la contención, la judicialización de las estructuras criminales y las sanciones en el sistema penal y penitenciario.
Ante esta situación, Melamed precisa que es complejo plantear una reorientación desde el ámbito local pues hay acciones que son del nivel central.
Opinó finalmente que “hay herramientas encaminadas a la mitigación, pero no van a tener efectos a mediano plazo si no están articuladas con capacidades que vengan del nivel central en el proceso de judicialización”.
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