Medidas para enfrentar la crisis humanitaria y ambiental en el departamento
El presidente Gustavo Petro, junto con su gabinete, firmó el decreto 1085 del 2 de julio, declarando el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira. Esta medida tiene una duración de 30 días y aplica tanto en el área urbana como en la rural.
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El Gobierno nacional ejercerá las facultades y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley para abordar la crisis. Se menciona que se adoptarán medidas adicionales necesarias para enfrentar la crisis y evitar la propagación de sus efectos. Asimismo, se tomarán las operaciones presupuestales requeridas para implementar dichas medidas.
Las justificaciones para decretar la emergencia incluyen la grave crisis humanitaria en el departamento, atribuida a factores como la falta de oportunidades, la corrupción, el cambio climático, las sequías y el fenómeno de la población dispersa. Además, se menciona que las medidas, planes y programas de contingencia implementados hasta ahora no han sido efectivos.
La migración también se considera un factor influyente en la crisis de La Guajira, especialmente debido a los asentamientos urbanos de migrantes venezolanos y colombianos retornados. Estos asentamientos, como “La Pista”, albergan a miles de habitantes en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema, lo cual agrava la problemática social en la región.
El decreto también destaca las decisiones adoptadas por la CIDH y la Corte Constitucional relacionadas con La Guajira, así como los proyectos de inversión realizados por entidades del Presupuesto General de la Nación y las fuentes de financiación asignadas.
Cabe mencionar que este decreto será revisado por la Corte Constitucional para evaluar su validez y legalidad.
