La entidad alertó sobre la presencia de grupos armados ilegales que amenazan a la población civil y al medio ambiente.
La Defensoría del Pueblo exigió al gobierno nacional recuperar el control territorial de los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde operan grupos armados ilegales que generan violencia e inseguridad.
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La entidad advirtió que estos grupos atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente.
Situación crítica
Según la Defensoría, en Caquetá y Putumayo hay una situación crítica de orden público, debido a la presencia de disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales. Estos grupos se disputan el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
La entidad señaló que estos grupos amenazan, hostigan, reclutan y asesinan a líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes, indígenas, campesinos y afrodescendientes. Además, afectan la biodiversidad y los recursos naturales con la deforestación, la contaminación y el uso de explosivos.
Llamado al gobierno
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al gobierno nacional para que implemente acciones urgentes y efectivas para garantizar la seguridad y la protección de la población civil en Caquetá y Putumayo. Asimismo, solicitó que se fortalezcan las instituciones del Estado y se brinden oportunidades de desarrollo social y económico.
La entidad también pidió que se cumplan los acuerdos de paz firmados con las FARC, que se avance en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que se respete el derecho a la protesta social y que se promueva el diálogo con las comunidades. Finalmente, instó al gobierno a proteger el medio ambiente y a prevenir el cambio climático.
