En Barranquilla se concentra el 67% de los hechos y sólo en el mes de junio se presentaron 20 protestas en la ciudad.
Foto: Archivo particular
Las movilizaciones sociales y protestas en Barranquilla y el Departamento del Atlántico, se han mantenido activas incluso durante la vigencia de las medidas de confinamiento derivadas por la llegada del Covid-19 al país. Durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 8 de julio, se han presentado alrededor de 28 protestas motivadas por razones de diversa índole y se prevé que el número de protestas se siga incrementando si las autoridades no brindan respuestas oportunas y eficientes a las quejas de la ciudadanía.
En el documento “Protesta Social y Pandemia en el Departamento del Atlántico”, un ejercicio de observación a la protesta social impulsado por la Fundación Foro Costa Atlántica, se identifican las razones principales que han impulsado las movilizaciones, la manera en que se le ha dado manejo por parte de la administración local y departamental, al igual que las respuesta que ha dado la fuerza pública en cada uno de los casos.
Como se profundiza en la publicación, la mayoría de las protestas en el Departamento han estado motivadas por la demanda del derecho al trabajo y al mejoramiento de condiciones laborales. Otras razones son las exigencias de ayudas económicas para comerciantes, transportadores, vendedores informales y mejoramiento de condiciones salariales. Igualmente, se han presentado protestas por parte de por profesionales de la salud que exigen garantías y dotación de bioseguridad para la atención del Covid-19. A las razones anteriores se suman la prestación de los servicios públicos, así como el acceso a derechos como la salud, la seguridad alimentaria, y las quejas por los servicios prestados por las EPS.
En Barranquilla se concentra el 67% de los hechos y sólo en el mes de junio se presentaron 20 protestas en la ciudad. Se evidencia que no se está implementando el Protocolo (Decreto 0223 de 2020), en lo que respecta a sus lineamientos administrativos y procedimentales. Los registros dan cuenta que la responsabilidad de la mediación se está dejando en manos del primer respondiente que generalmente son miembros de la Policía Nacional, mientras que las autoridades que sí tienen competencia para tramitar el acceso efectivo a los derechos demandados por la ciudadanía -tales como la Alcaldía Distrital y el Ministerio Público- al permanecido al margen, en la mayoría de los casos.
En el 17% de las protestas hubo presencia del ESMAD, y de acuerdo con los registros, parte importante de los enfrentamientos han sido desencadenados por las acciones de la fuerza pública. No hay claridad sobre el agotamiento de todos los recursos y mecanismos necesarios previos a la utilización del ESMAD. Preocupa que la Gobernación y la Alcaldía optaron por la militarización como medio para mantener el orden público, sin embargo, las fuerzas militares no son las llamadas a intervenir ni contener las protestas que se presenten.
El llamado desde Foro Costa Atlántica, es a que se cumplan con los lineamientos constitucionales e internacionales a los que se ha acogido Colombia, así como a la normativa nacional y distrital vigente en los cuales se protege el derecho a la protesta, incluso durante una situación atípica como la que vivimos actualmente.
Politólogo, encargado de comunicaciones de la Fundación Foro Costa Atlántica
