Expertos advierten que la iniciativa del Gobierno Petro dificultaría el acceso a las citas médicas y aumentaría el gasto de las alcaldías.
El proyecto de reforma a la salud del Gobierno Petro sigue generando polémica y rechazo entre varios sectores, que cuestionan sus implicaciones para el sistema de salud y los usuarios.
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Según expertos, la reforma traería problemas para pedir citas médicas, escasez de medicamentos, desfinanciación del sector y mayor carga para las alcaldías.
Cambios en la atención primaria
Uno de los cambios que propone la reforma es que la atención a los usuarios se haría en los centros de atención primaria (CAP) más cercanos, que serían administrados por las alcaldías. Esto implicaría que los usuarios tendrían que acudir a estos centros para solicitar cualquier tipo de servicio de salud, sin importar su complejidad o urgencia.
El expresidente de Anif Mauricio Santa María aseguró que esto haría que hubiera una mayor demanda de los CAP, lo que generaría congestión y demoras en la asignación de citas. Además, dijo que se perdería la libertad de escoger el prestador de salud, ya que los usuarios tendrían que ir al CAP que les corresponda según su lugar de residencia.
Escasez y entrega de medicamentos
Otro aspecto que preocupa a los expertos es que la reforma eliminaría la entrega de medicamentos a domicilio, que se ha implementado desde el 2023 como una medida para facilitar el acceso a los tratamientos y evitar el contagio de covid-19. Según Santa María, esto obligaría a los usuarios a desplazarse hasta los CAP para reclamar sus medicamentos, lo que aumentaría los costos de transporte y el riesgo de exposición al virus.
Asimismo, el experto advirtió que la reforma podría generar escasez de medicamentos, ya que el Gobierno Petro pretende centralizar la compra y distribución de los mismos, eliminando la participación de las EPS y las farmacias privadas. Según Santa María, esto podría afectar la calidad, la oportunidad y la variedad de los medicamentos disponibles para los usuarios.
Desfinanciación del sector y gasto de las alcaldías
Otro punto de controversia es el impacto financiero que tendría la reforma para el sector salud y las entidades territoriales. Según el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la reforma costaría $92 billones en el primer año, lo que requeriría una reforma tributaria para financiarla.
Además, la reforma trasladaría gran parte de la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud a las alcaldías, que tendrían que asumir el manejo de los CAP, la contratación del personal de salud, la compra de los insumos y el pago de las deudas. Según Santa María, esto implicaría un aumento del gasto de las alcaldías, que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar una atención de calidad.
¿Qué dice el Gobierno?
El Gobierno Petro defiende la reforma como una medida para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos, sin intermediarios ni barreras de acceso. Según el ministro Jaramillo, la reforma busca fortalecer la atención primaria, eliminar las EPS, crear gestores territoriales, ampliar el plan de beneficios y mejorar la calidad de los servicios.
El proyecto de reforma a la salud ya pasó dos debates en la Cámara de Representantes y se espera que sea presentada la ponencia para los dos debates que se necesitan en el Senado de la República. Si es aprobada, pasará a sanción presidencial y luego será revisada por la Corte Constitucional.
Fuente informativa:- infobae
