El presidente tiene 30 días para designar a los seis expertos que integrarán la entidad reguladora del sector energético.
El presidente Gustavo Petro deberá cumplir con una orden judicial que le exige nombrar a los seis comisionados que conformarán la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
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Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que aceptó una demanda presentada por un ciudadano que alegaba que la demora en los nombramientos afectaba la seguridad y la independencia del sector energético.
La Creg es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como función regular los mercados de electricidad y gas natural, así como promover la competencia, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos domiciliarios de estos sectores. La Creg está integrada por seis expertos en asuntos energéticos, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro años. Actualmente, solo uno de los comisionados tiene un nombramiento en propiedad, mientras que los otros cinco están en calidad de encargo.
La orden del Tribunal y la reacción del gobierno
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio al presidente Petro un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, para designar a los seis expertos que integrarán la Creg. El Tribunal consideró que la situación actual generaba inseguridad jurídica y vulneraba los derechos de los usuarios y los agentes del sector energético. Por su parte, el gobierno anunció que acatará la orden judicial y que ya tiene una lista de candidatos para ocupar los cargos vacantes en la Creg.
Los retos de la Creg para el 2024
La Creg tendrá que enfrentar varios desafíos para el 2024, entre los que se destacan: la definición de la nueva fórmula tarifaria para el servicio de energía eléctrica, que debe garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas y la protección de los usuarios; la implementación de la transición energética, que implica el fomento de las energías renovables no convencionales y la movilidad eléctrica; y la regulación de los mercados mayoristas y minoristas de gas natural, que deben asegurar el abastecimiento y la competitividad del sector.
