Luego de la sanción de 5 días de arresto domiciliario y una multa de $ 15 millones de pesos en contra de Iván Duque, se suscitó una gran polémica.
La decisión fue tomada luego de que el mandatario desacató una tutela de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó garantizar la protección del Parque Natural Nacional Los Nevados.
Este es considerado un hecho histórico en el país, según lo relató el promotor de la acción Juan Felipe Rodríguez, abogado ambientalista, que en su momento indicó que “jamás en la historia del país se había sancionado a un presidente con multa ni mucho menos con arresto por desacato de tutela, que se emitió en 2020 y desde entonces Iván Duque, pese a los requerimientos de la propia justicia, no ha podido acreditar el cumplimiento de la obligación”.
Sin embargo, la polémica inició cuando el mandatario tachó la decisión de inconstitucional, aduciendo que él es un funcionario aforado.
“Hemos visto un acto inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional donde supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República dizque por no cumplir una sentencia que está más que cumplida”, dijo Duque en ese momento.
Cabe resaltar, que el pasado fin de semana el primer mandatario pidió investigar a juez del Tribunal Superior de Ibagué que le ordenó su prisión domiciliaria y volvió a arremeter contra la decisión proferida por los togados; indicando que la medida era absurda y que él y su equipo siempre han sido respetuosos de la justicia.
“Claramente hay un cumplimiento de esa sentencia, y es un cumplimiento que se ha venido reportando periódicamente”, señaló Duque en esa oportunidad.
Entre tanto, hace pocos minutos, la Sala Plena del Tribunal Superior de Ibagué emitió un comunicado rechazando contundentemente las declaraciones del Presidente de la República.
“La Corporación ante las expresiones descalificadoras del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, relacionadas con la decisión de la Sala Laboral proferida en su contra y otras autoridades en un incidente de desacato promovido por el accionante Juan Felipe Rodríguez Vargas y el Ministerio Público, además de rechazarlas constituyen una inaceptable y descomedida injerencia en la función judicial”, señala el documento.
Además, indica que se deben respetar las decisiones tomadas por los jueces de la República, y que si se van a controvertir se deben hacer “en los estrados judiciales a través de los instrumentos constitucionales y legales instituidos en nuestro ordenamiento jurídico”, para así preservar los principios de independencia y autonomía en “el marco de un genuino sistema democrático de pesos y contrapesos”.
Finalmente señala que el comunicado no califica de acertada o equivocada la decisión de la Sala Quinta Laboral de la Corporación.
Acá el comunicado:
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