Controversia en torno a la aprobación de una ley clave del gobierno de Gustavo Petro.
La Ley de Paz Total en Colombia, aprobada el 3 de noviembre de 2022, se enfrenta a desafíos legales debido a los vicios de trámite que rodearon su aprobación en el Congreso Nacional. Esta ley, considerada clave en el gobierno de Gustavo Petro, busca asentar la paz como componente integral de la gestión estatal, priorizando la seguridad y los derechos humanos.
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El magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez ha argumentado que la ley debe ser declarada inexequible debido a la violación del principio de consecutividad y la omisión del concepto del Consejo de Política Criminal durante el proceso legislativo. Según Ibáñez, los legisladores aprobaron la ley sin contar con la información necesaria para su evaluación.
La Ley de Paz Total introduce cambios en la ley de orden público de 1997, con el objetivo de establecer un marco legal que facilite la construcción de un estado de paz permanente, independientemente de los cambios en el liderazgo gubernamental. Uno de los aspectos destacados es la implementación de la estrategia de seguridad humana, que busca garantizar los derechos de todas las personas a través de medidas preventivas, políticas sociales y la intervención de la fuerza pública cuando sea necesario.
La ley también aborda los procesos de paz y las negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Con esta normativa, el gobierno adquiere la autoridad para emplear dos mecanismos: las negociaciones de paz y los acercamientos para el diálogo. Estos mecanismos se aplican tanto a miembros activos de grupos que atentan contra el orden público como a exmiembros que hayan dejado las armas a través de acuerdos con el Estado colombiano.
Para gestionar estos procesos, se propone la creación de un órgano especial coordinado por el Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa, encargado de categorizar las estructuras armadas y evaluar la viabilidad de los procesos de sometimiento o acuerdos de paz. La ley también autoriza al Gobierno a suspender órdenes de captura durante los diálogos y establece zonas transitorias para las negociaciones.
Además, la Ley de Paz Total introduce el Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, sin reemplazarlo. Aquellos que opten por esta opción podrán participar en actividades que promuevan los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la asistencia a personas con discapacidades y la custodia del patrimonio cultural. Al finalizar el servicio, se otorgará un certificado equivalente a la libreta militar.
En el tema de la entrega voluntaria de armas y el desminado humanitario, la ley establece que no habrá penalización para las personas u organizaciones que entreguen armas de manera voluntaria.
En la actualidad, la Corte Constitucional está debatiendo en Sala Plena la suerte de esta ley clave del gobierno de Gustavo Petro. Se estima que la discusión durará aproximadamente un mes antes de que los magistrados tomen una decisión definitiva.
