Fiscalía revela corrupción en el departamento y acusa a funcionarios y abogados.
La Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer un escandaloso caso de corrupción que involucra a varios funcionarios y abogados en el departamento del Atlántico. Según la investigación, se descubrió un entramado criminal que habría direccionado seis fallos judiciales con el objetivo de favorecer a particulares.
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El trabajo de investigación reveló que durante el periodo comprendido entre abril y agosto de 2014, la procuradora delegada Faicy León Mass, la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, habrían creado una red de corrupción que benefició ilegalmente a ciertos individuos.
Como resultado de estas revelaciones, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ha presentado acusaciones formales. La procuradora León Mass enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio, mientras que la asesora Navarro Lobo es acusada de cohecho impropio y cohecho propio.
Además, los cuatro abogados involucrados, Sierra Nerio, Bustamante Toscano, Yina Paola y Benthan Arias, enfrentan cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Según los detalles de la investigación, se ha descubierto que los abogados presuntamente sobornaron a un juez administrativo de Barranquilla y a una juez de Sabanalarga con el fin de obtener decisiones favorables en casos específicos. También se reveló que Navarro Lobo habría proyectado una sentencia que favoreció a un grupo de personas a cambio de una suma de dinero.
El escándalo se agrava con la revelación de que la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de emitir un fallo de primera instancia.
Este caso de corrupción judicial ha generado indignación y cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial en el departamento del Atlántico. Las autoridades competentes deberán llevar a cabo una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados y restablecer la confianza en el sistema de justicia.
La lucha contra la corrupción es un desafío constante en la sociedad, y casos como este demuestran la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en todas las instituciones. El compromiso de las autoridades es crucial para garantizar la justicia y la equidad en nuestro país.
