El protocolo busca fortalecer la cooperación y brindar ayuda humanitaria a las personas afectadas por conflictos y violencia armada en el país.
La Defensoría del Pueblo de Colombia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han firmado un "Protocolo conjunto de la Defensoría del Pueblo y del Comité Internacional de la Cruz Roja para el acompañamiento de liberaciones de personas privadas de la libertad por grupos armados organizados u otros actores armados y su atención". El objetivo principal de este protocolo es intercambiar información y experiencias para consolidar esfuerzos conjuntos en la prestación de ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada en el país.
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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, resaltó que el protocolo incluye medidas de seguridad para los servidores públicos, compartiendo buenas prácticas entre ambas instituciones para complementar las acciones en el terreno. Además, se establecen pautas para el tratamiento de diferentes tipos de retenciones, teniendo en cuenta las limitaciones y alcances de los organismos. El protocolo también aborda la liberación y el envío de mensajes en territorios más allá de las fronteras internacionales, aprovechando el carácter internacional del CICR para superar las restricciones estatales de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se menciona la liberación de militares como una acción que la Defensoría ya está llevando a cabo.
Según el Registro Único de Víctimas, hasta el 31 de mayo de 2023, Colombia ha registrado 37.925 víctimas directas y 28.919 víctimas indirectas de secuestro. Según la Policía Nacional, los secuestros en el país aumentaron un 27% en 2022, pasando de 160 casos en 2021 a 203 casos en 2022. Los departamentos más afectados por este delito son Antioquia, Meta, Cundinamarca y Valle del Cauca.
El Defensor del Pueblo enfatizó la importancia de apoyar a las familias de los desaparecidos y abogar por la protección de los migrantes como desafíos humanitarios urgentes. La Defensoría del Pueblo valora el papel del CICR en Colombia y reconoce sus esfuerzos para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas por la violencia en las zonas de mayor recrudecimiento del conflicto armado interno.
El protocolo conjunto surge como respuesta al "Informe Defensorial Mecanismo de Búsqueda Urgente y Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidas", que instaba a mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional. A través de reuniones periódicas de seguimiento del Mecanismo de Búsqueda Urgente con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Consejo Superior de la Judicatura, se busca fortalecer la coordinación entre las diferentes entidades.
El Defensor del Pueblo concluyó afirmando que la Defensoría seguirá apoyando iniciativas como la firma de este protocolo conjunto con el CICR, con el objetivo de proteger los derechos de las comunidades en todo el territorio del país.