La Corte Constitucional elimina la equivalencia de experiencia en profesiones distintas al derecho para aspirar al puesto de Fiscal General de la Nación, generando debates sobre la especificidad del cargo.
La Corte Constitucional de Colombia ha realizado modificaciones en las reglas para los aspirantes al cargo de Fiscal General de la Nación. Con esta nueva determinación, ya no se considerará la experiencia en otras profesiones diferentes al derecho como equivalente para ocupar dicho cargo, una práctica basada en la Ley de Administración de Justicia. Este cambio ha generado debates en torno a la flexibilidad y especificidad de la experiencia requerida para desempeñar esta importante posición pública.
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La decisión se tomó como resultado de un exhaustivo estudio de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Durante este proceso de revisión, la Corte Constitucional examinó más de 100 artículos, revocando y reafirmando más de la mitad de la ley. La amplitud de esta reforma marca uno de los cambios más significativos en la Ley de Administración de Justicia hasta la fecha.
Uno de los aspectos de particular interés es el artículo 67, que modifica el artículo 128 de la Ley 270 de 1996. Esta sección detalla los requisitos para ocupar determinados cargos en el sector judicial. Las partes del artículo que fueron declaradas inconstitucionales incluyen la homologación de otras carreras profesionales distintas al derecho como experiencia válida para aspirar al cargo de Fiscal General de la Nación.
Esta modificación implica que los fiscales delegados ya no necesitarán demostrar la misma experiencia que los jueces ante quienes actúan. Además, se establece que los abogados con más de una profesión ya no podrán utilizar la experiencia adquirida en su segunda profesión para optar a cargos como Juez Municipal, Juez de Circuito, Magistrado de Tribunal Superior o Fiscal General de la Nación.
La Corte respalda esta decisión argumentando que la homologación de experiencias de otras profesiones es inconstitucional, ya que diluye una garantía esencial de la función judicial: que los jueces y magistrados posean las competencias jurídicas necesarias para desempeñar su función.
En la Sala Plena de la Corte se hizo hincapié en la importancia de garantizar que los funcionarios judiciales cuenten con una experiencia jurídica mínima. Se enfatizó que los jueces deben contar con una formación orientada a resolver las controversias que se les presentan. Por lo tanto, aunque una formación profesional adicional puede ser relevante, no puede sustituir la experiencia requerida en el cargo, que se basa en el análisis y la resolución de cuestiones legales.
Es importante destacar que esta misma regla, que permitía la homologación de la experiencia, también se había propuesto para cargos como Contralor y Procurador General, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil. Sin embargo, esta norma fue descartada debido a que no guardaba una relación directa con la administración de justicia.
