La Corte Constitucional fijó un plazo que ya venció, pero la complejidad del caso y la falta de recursos dificultan la ejecución del desalojo.
Este miércoles 30 de octubre se cumplió el plazo dado por la Corte Constitucional al gobierno municipal para desalojar los asentamientos ilegales en el predio Sabana 1 del Mayor Pimienta en Valledupar. Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a la falta de recursos y efectivos policiales necesarios para ejecutar el desalojo. ( Además: Niños vallenatos convierten sus residuos en abono orgánico )
Jorge Luis Pérez Peralta, secretario de Gobierno de Valledupar, explicó que el alcalde Ernesto Orozco heredó este problema desde 2008, con un fallo judicial que exige su cumplimiento. Pérez subrayó la importancia de respetar las decisiones judiciales y detalló los esfuerzos del gobierno municipal por organizar el desalojo.
El secretario de Gobierno indicó que se requieren aproximadamente 1,800 efectivos policiales para desalojar a más de 20,000 personas, lo que complica la tarea. «Para esto, la Policía tendría que dejar sin efectivos a otra ciudad mientras se adelanta el operativo en Valledupar», afirmó Pérez.
Caracterización de los asentados
Pérez destacó que el alcalde ha estado trabajando en la caracterización de los asentados, cumpliendo con un fallo de la Corte Constitucional que estipula la garantía de albergues para quienes están en condiciones de vulnerabilidad. «Hoy tenemos más de 4,700 familias que son sujetos de especial protección constitucional», señaló Pérez.
Resolver la situación de los Pimienta no es una tarea fácil, ya que la Corte ordenó resarcir los derechos de todas las partes involucradas. El fallo destaca la necesidad de considerar tanto los derechos de los propietarios como la protección de los asentados. «Hay que garantizar una reubicación digna en caso de un desalojo», enfatizó Pérez.
Críticas y defensa
Los abogados de la familia Pimienta critican al alcalde por supuestamente dilatar el proceso. Ante esta acusación, Pérez defendió la gestión del gobierno, asegurando que se han tomado medidas fundamentales para evitar errores jurídicos que podrían complicar aún más la situación del municipio, que actualmente enfrenta un alto nivel de endeudamiento.
El desalojo, que debía realizarse en un plazo establecido, ha quedado en suspenso. El gobierno espera reprogramar la diligencia mientras continúa buscando soluciones viables para atender a todas las partes involucradas.
Fuente informativa:- Cacica Estéreo
