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lunes, 25 noviembre, 2024

    Campesinos de Serranía del Perijá, asediados por bandas criminales

    La zona ha sido escenario de múltiples actos de violencia: homicidios, saqueos y hurtos.

    La geografía de la zona hace complejas muchas tareas relacionadas a la seguridad. FOTO: ARCHIVO EL TIEMPO

    Ludys Ovalle Jácome
    Especial para El Tiempo
    Valledupar

    Bandas delincuenciales conformadas supuestamente por indígenas yukpas venezolanos, mantienen en jaque a los campesinos de Sabana Rubia (Cesar).

    El escenario de riesgo también cobija a la zona fronteriza de la Serranía del Perijá, que se extiende entre los municipios de La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi.

    Así lo revela un informe detallado de la Defensoría del Pueblo, en el que los lugareños, ponen en el centro de esta problemática crímenes, robos continuos, atropellos, y saqueos que vienen afectando desde hace varios meses a esta población.

    Antes de la desmovilización de las Farc, quedó un camino abierto que comunica a la población de Machique (Venezuela) con la serranía

    “Esa problemática se viene presentando hace muchos años. Antes de la desmovilización de las Farc, quedó un camino abierto que comunica a la población de Machique (Venezuela) con la serranía. Por allí han estado subiendo los indígenas yukpas de ese país”, explicó Vladimir Yarumo, concejal de San José de Oriente.

    Comentan los campesinos, que los miembros de estos grupos desplegaron su accionar delictivo a través del contrabando de ganado introducido desde Venezuela, lo que les permitió identificar y recorrer las innumerables trochas, caminos y cruces fronterizos que la atraviesan.

    “Cuando esta actividad ilegal dejó de ser rentable, y probablemente capitalizando el malestar que algunos de ellos pudieron haber tenido al haber sido estafados por ciertos finqueros que los contrataron como jornaleros, los llevó rápidamente a redireccionar sus objetivos hacia la comisión de otro tipo de delitos y crímenes”, dice el informe.

    Permanecen armados

    Hay indicios que destacan que estas bandas realizan actividades ilícitas en ambas partes de la frontera utilizando armas cortopunzantes, al igual que de fuego (corto y largo alcance).

    “Las víctimas son sometidas a toda suerte de abusos y vejámenes, sellando su agonía con homicidios horribles”, resaltan los denunciantes.

    El informe también pone de manifiesto, que desde Venezuela los delincuentes introducen a Colombia armas de fuego a cambio de alijos de clorhidrato de cocaína, lo que convertiría a la región en un corredor para el narcotráfico.

    “Estos hechos de violencia, desencadenan un riesgo inminente para los campesinos de estas zonas, teniendo en cuenta que tienen una situación de desamparo y desprotección”, resalta una fuente que prefirió omitir su nombre.

    Las víctimas son sometidas a toda suerte de abusos y vejámenes, sellando su agonía con homicidios horribles

    El panorama se torna complejo al argumentar que, a la región de la Serranía del Perijá, ha llegado un número significativo de personas pertenecientes a esta etnia, en calidad de migrantes temporales para trabajar como jornaleros en la temporada de la cosecha cafetera.

    “Muchos llegan a trabajar de manera honesta ya que para estas cosechas se requiere abundante mano de obra. En algún momento, podrían ser estigmatizados o haciéndoles responsables de lo que han hecho estas bandas y podría empeorarse la situación”, puntualiza.

    Índice de asesinatos

    El informe también señala cifras del universo delictivo que se ha registrado en esta porosa frontera, panorama que alimenta la espiral de violencia a la que actualmente se ven abocados los lugareños de estos sectores.

    Entre estos hechos se destacan, la incineración de 4.000 hectáreas del complejo de páramo de la Serranía del Perijá en marzo de 2020. Durante este periodo se declaró calamidad pública en la zona.

    Resalta el documento, que, al parecer, la irresponsabilidad de los miembros de la banda delincuencial que pernoctaron en la zona, estuvo en la génesis de la gigantesca conflagración.

    Otro de los episodios relevantes, es el asesinato de siete personas: cinco de ellos durante este año, dos en 2020 y uno en el 2019.

    El crimen más reciente ocurrió el 19 de octubre de este año, en la finca Dios Verá del corregimiento Guaymaral (La Paz).

    A raíz de esto, 40 familias de estos sectores se han armado con escopetas para poder defenderse

    En este territorio, los hermanos Yukpa de origen venezolano, José Gregorio Caicedo José Ángel Caicedo, fueron atacados por cinco sujetos encapuchados, resultando el primero de ellos muerto y el segundo herido.

    El 22 de septiembre del año en curso, en el cerro Ávido ubicado en la parte alta del corregimiento de San José de Oriente (La Paz), al parecer en el contexto de un contacto armado, resultaron muertos dos Yukpa de origen venezolano, en tanto que un tercero resultó herido y fue atendido en un centro asistencial de este municipio.

    Se suman otros homicidios registrados el 27 de marzo de 2021, en la finca La Panocha de la vereda El Milagro del corregimiento de San Jacinto en Agustín Codazzi.

    En este sector fueron asesinados, los campesinos Eliécer Sanjuan Rincón (45 años) y Andrés Camilo Sanjuán (17 años), padre e hijo respectivamente.

    Las víctimas presentaron varias heridas con arma blanca y objeto contundente. Al parecer, fueron atacados por una banda delincuencial conformada por yukpas de origen venezolano.

    “Estos hechos nos preocupan. Casualmente, el miércoles, mataron a un señor en El Pozón, vereda de San José (La Paz). A raíz de esto, 40 familias de estos sectores se han armado con escopetas para poder defenderse ya que los atropellos con continuos”, relató un campesino de San José de Oriente.

    Más operativos militares

    El Ejército Nacional ha venido realizando operativos de registro y control en esta región.
    Sin embargo, a pesar de estos dispositivos, algunos miembros de la comunidad afirman sentirse vulnerables ante la delincuencia porque la banda no ha sido desmantelada, las investigaciones sobre las acciones de robos y saqueos, aún no han arrojado resultados.

    “Solicitamos también de mayor acompañamiento en las labores humanitarias, por ejemplo, cuando se necesitó bajar desde lugares remotos los cuerpos sin vida de las víctimas”, afirmó Yarumo.

    “Hay que precisar que esta banda indígena, podría haber cometido delitos en Venezuela y están en esta zona huyendo de las autoridades de ese país. Esto empeora la situación porque no hay como controlar estas acciones”, recalcó el concejal.

    Frente a estos hechos, la Alcaldía de La Paz, realizó la semana pasada un consejo de seguridad, para analizar la situación y adoptar medidas pertinentes.

    “Allí estuvieron varios comandantes del Ejército Nacional y de la Policía, tomaron nota de los acontecimientos a los cuales se les hará seguimiento para contrarrestar la situación”, destacó Alexis Oñate, secretario de Gobierno de La Paz.

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