Procuraduría logra que procesos regresen a Justicia y Paz.
En un nuevo capítulo de la justicia transicional en Colombia, la Procuraduría General de la Nación ha logrado un importante avance al conseguir que los procesos judiciales contra el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso sean remitidos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al sistema de Justicia y Paz.
Esta decisión se fundamenta en un reciente fallo de la Corte Constitucional que rechazó la tesis de la «bisagra», planteada por la JEP, según la cual algunos paramilitares podrían acceder a esta jurisdicción especial si demostraban haber actuado como intermediarios entre grupos paramilitares y agentes del Estado.
El Procurador Delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel Gutiérrez, en una comunicación dirigida a la presidencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, enfatizó que la Corte Constitucional fue clara al señalar que los paramilitares no son beneficiarios del Acuerdo de Paz y, por lo tanto, deben ser juzgados en el marco de Justicia y Paz.
Cierre a la puerta de la JEP para los paramilitares
La decisión de la Corte Constitucional tiene importantes implicaciones para el proceso de paz y la justicia transicional en Colombia. En primer lugar, cierra definitivamente la puerta a la posibilidad de que Salvatore Mancuso y otros excomandantes paramilitares puedan acceder a los beneficios de la JEP, como penas alternativas y la posibilidad de colaborar con la justicia a cambio de beneficios.
En segundo lugar, reafirma el principio de que los responsables de graves crímenes de lesa humanidad deben responder ante la justicia ordinaria, en este caso, el sistema de Justicia y Paz, diseñado específicamente para juzgar a los miembros de grupos paramilitares.
Un triunfo para la justicia
La Procuraduría ha celebrado esta decisión como un triunfo para la justicia y para las víctimas del conflicto armado. Al devolver los casos de Mancuso a Justicia y Paz, se garantiza que los procesos se adelanten de manera más expedita y con mayores garantías para las víctimas.
Este fallo de la Corte Constitucional plantea nuevos desafíos para la JEP, que deberá redefinir su alcance y sus competencias a la luz de esta decisión. Además, abre un nuevo debate sobre la aplicación de los acuerdos de paz y la justicia transicional en Colombia.
Fuente informativa:- La Razón
