La decisión de restablecer el indulto al exmandatario ha generado críticas de organismos internacionales y de víctimas de derechos humanos.
El Tribunal Constitucional de Perú ha decidido liberar al ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La decisión implica el restablecimiento del indulto que le había otorgado el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, y que había sido revocado por la Corte Suprema en 2018.
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La decisión del Tribunal Constitucional ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que consideran que el indulto es incompatible con las obligaciones internacionales de Perú.
La CorteIDH había emitido una sentencia en 2011, en la que ordenaba a Perú garantizar el cumplimiento de las condenas impuestas a Fujimori por su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un periodista y un empresario. La CorteIDH también había expresado su preocupación por el indulto concedido en 2017, y había solicitado información al Estado peruano sobre los fundamentos jurídicos y médicos del mismo.
La decisión del Tribunal Constitucional de Perú supone un desafío a la autoridad de la CorteIDH, que es el órgano judicial supremo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Perú se ha sometido voluntariamente. La decisión también implica un retroceso en la lucha contra la impunidad y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, que han esperado durante años que se haga justicia.
