El Ejército Nacional reconoce que sus soldados intimidaron a la población civil en Córdoba.
El Ejército Nacional está envuelto en un escándalo por el comportamiento de sus soldados en el municipio de Tierralta, Córdoba. Los militares llegaron encapuchados y armados a la vereda Bocas del Manso y sacaron de sus viviendas a los habitantes. Incluso, uno de ellos apuntó con una pistola a una mujer que tenía un niño en sus brazos.
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La comunidad grabó a los militares y denunció las amenazas. El Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, los señaló como disidentes de las FARC. Sin embargo, el Ejército Nacional inició una investigación y descubrió que se trataba de miembros de la Fuerza Pública.
Dos elementos fueron claves para identificarlos: los fusiles Galil Ace 23 y los cartuchos de la vida, de distintivo amarillo. Estos son de uso exclusivo del Ejército. Además, se revisaron las coordenadas de las tropas que estaban en la zona.
El Ejército Nacional admitió que los soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil. La institución rechazó este tipo de comportamiento y anunció una indagación disciplinaria.
Entre los investigados estarían un teniente y dos suboficiales. La Fiscalía General de la Nación conformó un equipo de fiscales e investigadores para hacer presencia en el territorio. El Fiscal General, Francisco Barbosa, aseguró que será la justicia ordinaria y no la penal militar la que investigue estos sucesos.
La Procuraduría General de la Nación también envió una Comisión Especial para investigar si hubo abuso de autoridad por parte de los militares. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó las acciones de intimidación y violencia contra la comunidad. Además, denunció un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su indignación por lo ocurrido en Tierralta. Dijo que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Pidió al Ejército que presente públicamente su propia investigación.
Este nuevo escándalo sacude al Gobierno de Gustavo Petro, que se ha caracterizado por defender los derechos humanos. La oposición ha criticado que el Presidente esté fuera del país cuando ocurren este tipo de situaciones. Algunos sectores han exigido la renuncia del Ministro de Defensa.
Las viejas prácticas ponen en el ojo del huracán al Ejército Nacional, en medio de la crisis de seguridad que afronta el país.
