La (JEP) ordenó la consulta de archivos de inteligencia y gastos clasificados del (DAS) relacionados con el asedio al Palacio de Justicia en 1985.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consultará los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos clasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) relacionados con el asedio al Palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Esta decisión fue tomada luego de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos, quienes solicitaron que las víctimas tuvieran acceso a los archivos. La decisión también tuvo en cuenta un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó que el Estado colombiano es responsable de violar las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones.
Según el fallo, las víctimas tienen derecho a acceder a la información relacionada con los casos de sus familiares, que en ese momento tenía el DAS. La JEP ordenó a la Unidad de Investigación y Fiscalía comisionar a un grupo de policías judiciales para acceder y consultar los archivos relacionados con el caso y presentar un informe sobre la diligencia en un plazo de 30 días hábiles.
Se espera que la decisión brinde más información a las víctimas y a la JEP para ayudar a esclarecer casos que aún no han sido resueltos sobre desapariciones ocurridas durante el cerco y operativo de toma. El operativo, conocido como Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos, fue realizado por un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19), dejando como rehenes a unos 350, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.
Tras la incursión, la Policía Nacional y el Ejército Nacional cercaron el inmueble e iniciaron un operativo de retomada que se prolongó hasta el jueves 7 de noviembre de 1985, culminando pasadas 28 horas. Lamentablemente, los hechos dejaron un saldo trágico de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. Además, 11 personas fueron dadas por desaparecidas, que luego se redujeron a seis luego de que la Fiscalía General de la República anunciara en 2000 que el cuerpo de Ana Rosa Castiblanco, empleada de una cafetería, había sido encontrado en una fosa común.
En 2015, el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, mientras que en 2017 la Fiscalía General de la República identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación desde 2005 dieron como resultado la detención de dos coroneles y el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue sentenciado en 2010 y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015, por la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2019. El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, también retirado, fue condenado a 30 años de prisión en 2015, aunque no ha sido aprehendido para fecha.
La búsqueda de respuestas a los casos de desaparición del cerco al Palacio de Justicia sigue siendo un tema crucial para los familiares de las víctimas, quienes buscan justicia desde hace más de tres décadas. Ojalá la decisión de la JEP de consultar los archivos clasificados contribuya a develar más información que ayude a esclarecer los trágicos hechos ocurridos en 1985.
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