Un estudio de Minsalud y el programa de la ONU sobre el VIH/Sida entregó detalles sobre la situación
Colombia vive un proceso sin precedentes en su historia: durante los últimos años ha sido el principal país de paso de una diáspora de 7,1 millones de venezolanos que han decidido salir de su país de origen para establecerse en otros lugares y el punto de acogida de al menos 2,5 millones de estas personas, según ACNUR.En un país que no ha tenido hasta ahora una tradición de inmigración, este hecho se convierte en un gran reto en términos de salud pública y requiere una labor muy decidida de las instituciones para evitar la discriminación y garantizar los derechos de esta población.
Lea también: El cantante R. Kelly es sentenciado a 20 años de cárcel por abuso de menores
No obstante, es muy poco lo que se sabe sobre las condiciones de salud de las personas migrantes que han llegado de Venezuela y solo hasta ahora empiezan a verse iniciativas para identificar las problemáticas que enfrentan tanto por su estatus migratorio como por la manera en que han llegado al país y los peligros a los que se han expuesto durante este proceso.
Al respecto, ayer en Bogotá se presentaron los resultados de la “Encuesta bioconductual sobre el VIH, la sífilis y el estado de salud de los venezolanos que viven en Colombia”, una iniciativa desarrollada por la Red somos y la Universidad Johns Hopkins con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida).
Es este el primer estudio de salud sexual y reproductiva con el que se cuenta en nuestro país alrededor del fenómeno y que muestra valiosos resultados de cara a la labor de quienes deben cuidar la salud de todas las personas que residen en el territorio nacional.
Para el viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, se trata de “un estudio muy pertinente, con una metodología muy innovadora” que permitió desarrollar la investigación directamente de la mano de las personas migrantes que fueron voluntarias y sus resultados serán de gran utilidad para “actualizar la política de salud sexual y reproductiva del país” y hacer posible que la xenofobia y otras formas de discriminación dejen de ser un obstáculo para que todos quienes viven en territorio colombiano, sea cual sea su país de origen, tengan acceso a servicios de salud donde se detecten de forma temprana, diagnostiquen adecuadamente y traten con las mejores tecnologías disponibles estas enfermedades.
“¿Por qué estamos presentando una reforma a la salud? Lo que queremos resolver es la garantía del derecho a la salud para toda la población en el país, sea migrante o de acogida. El acceso debe ser gratuito para todos: el dinero no debe ser una barrera para acceder a los servicios de salud. En el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual es sustancial que haya un modelo preventivo y predictivo como el que se está proponiendo”, afirmó el funcionario.
Los datos del informe
El informe aborda la situación de salud de la población venezolana migrante en el territorio nacional, y las respuestas de salud pública -dadas o que se requieren- a enfermedades como el VIH y sífilis, en un contexto de máxima vulnerabilidad social y humanitaria.
“El éxodo venezolano se ha convertido en una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial. Colombia ha sido el país con mayor recepción de nacionales de ese país con vocación de permanencia de aproximadamente 2,5 millones, pero también atendiendo a buena parte de los desplazados totales que han atravesado por su territorio de forma transitoria”, afirma el informe.
Estos datos, recogidos a lo largo de 8 meses de trabajo, dan cuenta de una compleja realidad que exige una atención integral desde diferentes enfoques y acciones institucionales. Es necesario garantizar que el tema de los derechos humanos, la protección y seguridad social y la integración socio económica y cultural, determinantes en la salud de esta población, sean parte de la agenda pública nacional.
El estudio se desarrolló en Barranquilla con la participación de 1,716 personas, en Soledad (Atlántico) con 1.398, en Bogotá con 1605 y en Soacha (Cundinamarca) con 1501. Las mujeres representaron el 65 % de la población del estudio, 34 % fueron hombres y 1% transexuales o no binarios.
Entre los datos revelados, sobre la condiciones sociales y el contexto del estudio, se afirma que el principal motivo de los encuestados para abandonar su país es la inseguridad alimentaria (52 %) y en segundo lugar inseguridad laboral (25 %). El 29 % tiene un estatus migratorio regular y el 71 % irregular.
El 47% sufrió estigmas y discriminaciones, el 6 % ha sido víctima de violencia psicológica, física y sexual y el 21% ha padecido ansiedad y depresión. “El 10 % de las mujeres refugiadas y migrantes reportó experiencias de violencia mientras vivían en Colombia”, señala el documento.
El informe incluye un análisis de salud en general, salud mental y conductual, conductas sexuales e infección por VIH, antecedentes de ITS e infección por sífilis actual, analiza el nivel de discriminación, victimización por violencia, dificultades para la supervivencia y el acceso a servicios humanitarios, tales como asistencia alimentaria, servicios sanitarios nacionales y asistencia jurídica.
En este sentido, Miguel Barriga, director ejecutivo de la Red Somos, destacó que la población migrante proveniente de Venezuela no participa fácilmente de un estudio de esta naturaleza por las mismas circunstancias en que se ha dado la migración y la exclusión que en general sufren quienes han decidido pasar la frontera para establecerse en Colombia.
De las 6.221 personas participantes de la encuesta, aproximadamente el 86% no cuenta con un empleo formal y un 92 % afronta inseguridad alimentaria, es decir, no come sino una o dos veces al día, y “cerca del 8 % de venezolanos migra por razones de salud y, de estos, 7 % lo hace por condiciones asociadas al VIH”, indicó, agregando que por lo menos 18.000 personas que podrían estar viviendo con el virus no han tenido acceso a diagnóstico.
Esto se agrava con la xenofobia y la irregularidad migratoria. El estudio muestra que un 47 % de los migrantes venezolanos ha experimentado estigmas o discriminaciones, lo cual también se vive a la hora de buscar atención en salud, y que las personas con estatus migratorio irregular corren con un 70 % menos de probabilidades de lograr la supresión vírica del VIH, es decir, de controlar de forma definitiva el virus y la enfermedad que este produce, respecto a quienes están regularizados.
Respecto a la prevalencia de sífilis, la encuesta arrojo el 5 % en general entre las ciudades de estudio, y de 0.9 % sobre prevalencia de VIH. En relación con la continuidad en la atención a personas con VIH, se establece que el 48 % fueron anteriormente diagnosticadas, recibe tratamiento 38 % y lleva carga viral suprimida en 35 %.
El informe indica que “las difíciles condiciones de los procesos migratorios pueden aumentar la susceptibilidad a infecciones y complicaciones clínicas. La separación familiar, la interrupción en las redes de apoyo y medios de vida, la falta de seguridad alimentaria y barreras para la atención sanitaria o educación, exponen al migrante a un contexto de mayor vulnerabilidad al VIH…”
A manera de conclusión el estudio reconoce la necesidad de mejorar el acceso a servicios, además de brindar apoyo a los migrantes y refugiados para que conozcan los derechos y servicios sociales y de salud, en especial para personas con bajo nivel de educación. El análisis sugiere también múltiples oportunidades de intervención, así como acciones de salud pública que podrían mejorar la calidad de vida de los venezolanos residentes en el país.
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETP), en vigencia desde 2021, se estableció con el objetivo de facilitar el acceso al sistema de salud de esta población. Ello implica el desarrollo de planes de atención, acceso a tratamientos, y sobre todo, de implementación de una política pública con acciones conjuntas entre diferentes actores, enfoque humanitario y diferencial.
Respecto al estudio, Kathleen Page, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, destacó la importancia del estudio indicando no solo que se hizo en medio de las dificultades derivadas de los confinamientos a causa de la pandemia de la COVID-19 sino que logró combinar esfuerzos de entidades de diversa naturaleza en “un modelo de colaboración entre la academia, las entidades de salud pública y las organizaciones de la sociedad civil”, lo que permitió un acercamiento con la población migrante que otras lógicas de investigación no hubieran permitido.
Esta nota la puede encontrar en eltiempo.com
Reciba desde lector de FEED las mejores noticias de News Caribe
