El municipio está sin rumbo, luego de que la Fiscalía ordenó investigar a Jaime David Sánchez.
Doce días completó sin alcalde el municipio Policarpa, en Nariño, después de que la Fiscalía General de la Nación decidió judicializar a Jaime David Sánchez Rodríguez por las presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos.
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El organismo fiscalizador anunció que tomó tal medida, porque el mandatario municipal sería el presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
De acuerdo con la investigación, el funcionario, al parecer, suscribió dos contratos ficticios en octubre de 2020 por un valor total de $ 31’800.000. Investigan presunta falsificación de documentos y firmas del supuesto contratista.
La información suministrada por la Fiscalía detalló los dos contratos que lo comprometen.
El primero se suscribió en octubre de 2020 por un monto de $ 15 millones, cuyo objetivo consistió en la prestación de servicios de mantenimiento, a todo costo, de equipos de computación, impresoras, redes locales y red inalámbrica en las bibliotecas de la cabecera municipal de Policarpa.
El segundo contrato del mismo mes y del mismo año tiene un valor de $16’800.000, cuyo objeto fue la compraventa de equipos y accesorios con destino al desarrollo de campañas publicitarias y tomas de registros fotográficos y audiovisuales en el marco de eventos sociales y culturales a cumplirse en esa localidad nariñense.
En las audiencias que se celebraron en Pasto, la Fiscalía presentó abundante evidencia y material probatorio, los que demostrarían que al parecer el contratista beneficiado con los dos contratos, nunca los firmó realmente.
Según la Fiscalía, “para tratar de corroborar que el contrato MC-089 se ejecutó satisfactoriamente, en las actas de seguimiento al mismo se incluyeron fotografías del contratista cumpliendo, supuestamente, el mantenimiento de los computadores. Sin embargo, la Fiscalía demostró que esas imágenes correspondían a la ejecución de otros contratos”.
En la misma investigación, la víctima había afirmado que a su cuenta bancaria le fueron consignados el valor de los dos contratos por $ 31’800.000.
“El denunciante declaró que el 6 de octubre de 2020, el propio mandatario local le había informado personalmente que por un error del sistema de tesorería le consignaron un giro millonario a su cuenta de ahorros y que por favor hiciera el reintegro de esos recursos, los cuales, aseguró a la Fiscalía, los devolvió en efectivo al alcalde municipal”.
A lo largo del proceso los investigadores de Policía Judicial lograron establecer durante la inspección adelantada a la Tesorería del municipio, que no existió tal registro del reintegro de los dineros a las cuentas del municipio.
Además, según la Fiscalía, “las inspecciones técnicas y dactilográficas a los documentos demostraron que se falsificaron los informes”.
El alcalde había sido capturado, el pasado 28 de octubre, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en momentos en que transitaba por un centro comercial de Pasto.
Con posterioridad, una jueza de control de garantías de la capital de Nariño le dictó medida de aseguramiento en su residencia, medida que fue apelada por la Fiscalía.
Piden nombramiento de alcalde
Mientras que ni la Alcaldía Municipal y ni la Gobernación de Nariño se han pronunciado ante este hecho, la que si se expresó fue la exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, quien solicitó que en este caso la justicia impere pronto y se esclarezcan los hechos.
“Necesitamos una acertada decisión del señor gobernador de Nariño para que cuanto antes nombre un alcalde o alcaldesa encargada, que garantice el normal desarrollo de las actividades del municipio”, insistió.
Expresó que la comunidad de Policarpa ha sufrido las consecuencias de la pandemia, el conflicto armado y ahora por la corrupción, “esto genera incertidumbre y retraso”, agregó.
Policarpa es un municipio enclavado en la cordillera Occidental.
Desde años atrás, padece una compleja situación de orden público por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan las rutas del narcotráfico hacia el Litoral Pacífico nariñense.
Allí, ante la falta de empleo y de oportunidades para explotar el sector agrícola y minero, las comunidades en un alto porcentaje derivan su sustento de los cultivos de uso ilícito.
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