Contratista pidió la suspensión del contrato de manera bilateral.
Tambalea la construcción de la cárcel de mediana seguridad de Riohacha, tras las múltiples protestas de la comunidad indígena wayú La Ceibita Macedonia.
La última lleva 20 días bloqueando el acceso a la construcción de la obra, lo que obligó al contratista a solicitar ante la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la suspensión del contrato de manera bilateral.
La comunidad exige el derecho a la consulta previa y denuncian violaciones a sus derechos fundamentales, a la vida, el territorio, medio ambiente, autonomía territorial, libre determinación y el consentimiento previo libre e informado.
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La solicitud de consulta previa le ha sido negada en tres oportunidades, dos por vía administrativa por parte de la dirección nacional de Consulta Previa del ministerio del Interior y una judicial a través de una tutela, luego de que un juez determinara que no se está violando ese derecho.
Su construcción obedece a un fallo judicial obtenido a través de una tutela interpuesta por la Personería de Riohacha ante los problemas de hacinamiento, por lo que el personero Jeison Deluque Guerra, su principal defensor, advierte que “la construcción de la cárcel está a punto de irse a la basura como consecuencia de todo lo que está pasando”.
Deluque asegura que ve muy complicado que la obra siga adelante, ya que se han buscado diferentes salidas, pero la comunidad persiste en un derecho que no tiene.
Luego de 22 meses de firmarse el contrato, el avance de la obra va en un 15 por ciento, por lo que el contratista argumenta pérdidas de recursos en el pago de salarios a unos 100 trabajadores, a lo que se suma, el represamiento de varias tractomulas cargadas con materiales y que no han podido ingresar a la zona.
Sin embargo, la comunidad sostiene estar dispuesta al diálogo, “nunca hemos obstruido la construcción de la cárcel, así como tampoco, nos hemos opuesto a que se realice”, por lo que se espera que el Gobierno nacional intervenga en esta situación.
De acuerdo con las autoridades la mega cárcel se levanta en un territorio privado, que no es resguardo indígena, ni territorio ancestral, y en sus alrededores existen unas 10 casas fincas.
Diferencias entre el personero y la comunidad
La situación se torna más densa por diferencias que cada día se ahonda más, entre el personero, la autoridad tradicional de la Ceibita Macedonia Yeisi Iguarán Ballesteros y la ONG defensora de derechos humanos Nación Wayú que acompaña a la comunidad.
Iguarán, sostiene que “está siendo perseguida y hostigada por el personero, que en reiteradas ocasiones ha intentado agredirla físicamente por defender y denunciar las graves afectaciones ambientales, culturales, sociales y espirituales que ocasiona la obra”.
Este sábado, Iguarán denunció amenazas de muerte a través de un mensaje vía celular, en donde le dan 24 horas, para que levanten la protesta.
El Personero se defendió asegurando que “las denuncias de maltrato físico y verbal, no son ciertas, puesto que todas las concertaciones y diálogos se han realizado en presencia de todas las instituciones y son grabadas en vídeo por la Ong”.
Por lo que pidió a la Fiscalía investigar las causas de los atentados y amenazas denunciadas por la comunidad, alertando que surgen cada vez que se registran estas protestas, las cuales califica como de terquedad.
“Si persisten en eso ya es terquedad, presentamos la denuncia formal, porque queremos que la Fiscalía vaya más allá y no solo investigue por qué se dan estos paros, si no cuáles son los intereses que tiene la organización Nación Wayú, en asesorar o acompañar a una comunidad cuando no tiene derecho a una exigencia”, indicó el personero.
Busca resolver problema de hacinamiento
La construcción de la cárcel busca resolver el gran problema de hacinamiento el cual llega al 450 por ciento y las violaciones de derechos humanos que se dan en cárcel y en los centros de detención transitorios, los cuales albergan en total más de 600 detenidos.
A comienzos de diciembre de 2020, la USPEC, adjudicó el contrato de obra 276, al consorcio Eron La Guajira, conformado en partes iguales por las empresas Varela Fiholl y compañía S. A. S. y A Construir S. A.
La nueva cárcel tendrá una capacidad para albergar 1.800 internos, ´para lo cual se tiene previsto una inversión cercana a los 182 mil millones de pesos, en un plazo de ejecución de 19 meses.
Esta nota la puede encontrar en eltiempo.com / Eliana Mejía Ospino
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