Proyecto que buscaba financiar mejoras en seguridad ciudadana fue retirado tras oposición de comerciantes y ciudadanos.
Ludys Ovalle Jácome
Especial para El Tiempo
Valledupar
El proyecto de ordenanza tasa de ‘Seguridad y Convivencia Ciudadana’, cuyo recaudo se cobraría mediante la factura de luz de la empresa Afinia, no será implementado en el Cesar. ( Además: El Tren de Aragua: Recluta menores en Refugios en Nueva York )
La iniciativa había sido radicada por el Gobierno Departamental ante la Asamblea con el propósito de obtener recursos para financiar iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad en esta sección del Caribe colombiano.
La aplicación del impuesto estaba contemplada para los ciudadanos de estratos 4, 5 y 6, quienes debían cancelar un 9 por ciento más en la factura del recibo de luz. Los sectores comerciales e industriales de la región, debían pagar un 10 por ciento.
Justificación del retiro
“La Gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjúan decidió retirar el proyecto para que no avance su estudio en la Asamblea. La decisión se tomó luego de escuchar a los comerciantes, veedores y población civil”, destacó Eduardo Esquivel, Secretario de Gobierno Departamental.
La seguridad de los 25 municipios del Cesar para el año 2025, contemplada en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc), requiere una inversión aproximada a los 70 mil millones de pesos, y el costo proyectado hasta el periodo 2027 es de 150 mil millones de pesos. Para financiar necesidades de tecnología y otros equipos, se había propuesto la implementación de la tasa de seguridad.
Hay que tener en cuenta que el Cesar tiene 22.905 kilómetros cuadrados que conforman los 25 municipios y 165 corregimientos de este territorio
“Hay que tener en cuenta que el Cesar tiene 22.905 kilómetros cuadrados que conforman los 25 municipios y 165 corregimientos de este territorio. Para eso habíamos presentado este proyecto de ordenanza en la Asamblea para ir recibiendo estos recursos. Al mismo tiempo, estamos gestionando proyectos de tecnologías, drones y otras iniciativas que fueron radicadas en el Ministerio del Interior”, detalló el funcionario.
El proyecto surtió el primer debate en la Asamblea Departamental, y tras los 45 días de discusión se generaron diversas dudas, reacciones y cuestionamientos. La socialización de la iniciativa con diferentes sectores de la región estaba prevista para este martes.
“En cada una de las reuniones que tuvimos con los diferentes sectores productivos de la región les reiteramos que, si no había un consenso en los puntos de discusión, el voto de la Asamblea sería negativo. Al no encontrar una salida que dejara satisfecho a todas las partes involucradas, nosotros solicitamos al Gobierno Departamental retirar ese proyecto en cada una de las mesas. La Gobernadora aceptó las peticiones que hicimos desde la Duma Departamental. ”, recalcó el diputado José Mario Barriga Rodríguez, Presidente de la Asamblea del Cesar.
No al impuesto de seguridad. No hay un estudio serio de lo que se va a hacer con los recursos. Hay un fondo para la seguridad que se nutre con el 5 por ciento sobre las obras que se hacen en el departamento
Rechazo de la comunidad
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Cesar, que agrupa a 150 empresarios de Valledupar, consideró desde un comienzo, que el impuesto del 10 por ciento impactaría de una manera negativa en el sector, al punto que podría llevar a muchos negocios a cerrar sus puertas. Destacó, además, el gravamen afecta la competitividad a cualquier empresa.
“Ya tenemos algunas tasas que son altamente inequitativas, como por ejemplo el 10 por ciento de lo que consumo por energía, también lo pago por alumbrado público. No hay una relación de causa, eso también es injusto. Ahora otro diez por ciento, eso también es injusto. ¿Ahora, será que los entes de seguridad están absolutamente desmantelados en dinero, no será más bien que eficietar el servicio de los organismos que nos proporciona seguridad? Así sucesivamente”, resaltó Octavio Pico, Director Ejecutivo de Fenalco.
En este mismo contexto, El presidente del Comité Agropecuario del Cesar (Coagropec), Joaquín Tomás Ovalle, también se pronunció sobre los efectos del nuevo impuesto.
“No al impuesto de seguridad. No hay un estudio serio de lo que se va a hacer con los recursos. Hay un fondo para la seguridad que se nutre con el 5 por ciento sobre las obras que se hacen en el departamento. ¿En qué se han invertido estos recursos? ¿Se han mejorado los indicadores de seguridad en el Cesar? En el Gobierno de Duque se dice que se invirtieron en el Cesar $1.2 billones en obras durante los cuatro años, es decir que el fondo cuenta con recursos importantes”, argumentó Ovalle.
Directora de Comunicaciones de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva,
Amplia experiencia en diferentes medios: Periodismo, Imagen Corporativa, Comunicación Organizacional, Marketing político, Relaciones Públicas, Protocolo, Proyectos Televisivos a nivel nacional, Asesoría de comunicación, Desarrollo de páginas Web y Mercadeo.
