La actualización del sistema de clasificación de hogares ha implicado que 20,8 millones de personas hayan visto su información impactada.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos por la actualización de la clasificación de los hogares mediante el Registro Social de Hogares (RSH).
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Este sistema reemplaza al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
Una recategorización que excluye beneficios
El informe de la Defensoría se basa en una información emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que muestra que 20,8 millones de personas, el 60% del total del Sisbén, han visto su información impactada por la nueva categorización. De especial preocupación es el hecho de que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación.
El informe indica que, mientras la ejecución de los programas dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, difícilmente habrá reforma rural, el retorno de los desplazados ni la restitución de tierras. Estos son algunos de los aspectos más relevantes del Acuerdo de Paz, que buscan transformar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el conflicto.
El proceso de actualización del Sisbén ha producido una recategorización de los hogares, que podría significar que hogares anteriormente considerados como en situación de pobreza, ahora puedan estar excluidos de los beneficios, pese a que sus condiciones de vida no hayan experimentado una mejora sustancial que justifique su salida de los programas de asistencia.
Los datos de la nueva categorización
La nueva categorización muestra que 732.740 hogares han salido de la clasificación de pobreza extrema, lo que equivale a una disminución del 17,8%. Además, 446.141 hogares han sido reclasificados desde la pobreza moderada, una variación del 8,8%.
Sin embargo, la preocupación surge al constatar que 615.526 hogares fueron cambiados a la categoría de vulnerables, lo que supone un aumento del 19,7%. Adicionalmente, se observa un incremento del 4,2% en el grupo de no pobres y no vulnerables, que añade 63.355 hogares a esta clasificación.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que la reubicación de hogares en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital.
Fuente informativa:- API
