La demanda pide que no se inhabilite ni se destituya a funcionarios elegidos por voto popular.
La Corte Constitucional tiene en sus manos una demanda que busca cambiar las reglas del juego para los servidores públicos elegidos por voto popular, como alcaldes o gobernadores.
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La demanda se basa en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó reparar al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue destituido por la Procuraduría en 2013.
La demanda, presentada por un grupo de abogados, pide que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del Código Disciplinario Único que establecen la posibilidad de que la Procuraduría imponga sanciones de destitución e inhabilidad a los funcionarios elegidos democráticamente. Según los demandantes, estas normas violan el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
La demanda también pide que se elimine la inhabilidad para desempeñar cargos públicos o ser elegido popularmente por haber sido declarado fiscalmente responsable. Los demandantes argumentan que esta restricción es desproporcionada y afecta el principio de igualdad.
La demanda ha generado un intenso debate jurídico y político, pues implica modificar el régimen disciplinario y fiscal de los servidores públicos. Algunos expertos consideran que la demanda es procedente y que el Estado debe acatar el fallo de la Corte IDH. Otros, en cambio, cuestionan la competencia de la Corte IDH y defienden la autonomía de la Procuraduría y la Contraloría para ejercer el control sobre los funcionarios públicos.
La Corte Constitucional deberá estudiar la demanda y decidir si la admite o la rechaza. De ser admitida, la Corte tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto y determinar si las normas demandadas son o no conformes con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
