La expresidenta argentina había sido sobreseída en 2023, pero una ONG logró reabrir el caso.
Cristina Fernández (2007-2015), expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, tendrá que enfrentar una investigación por su presunta colaboración en lavado de dinero. Así lo determinó el máximo tribunal penal del país, al rechazar un recurso de queja presentado por su defensa.
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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la revocación del sobreseimiento que había beneficiado a Fernández en la causa conocida como ‘Ruta del dinero K’. Este fallo se emitió este lunes, según informaron fuentes judiciales.
La ‘Ruta del dinero K’
La causa se inició en abril de 2013, tras una denuncia periodística que reveló el movimiento de grandes sumas de dinero por parte del empresario Lázaro Báez. Báez era un cercano colaborador del fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, y se le acusa de haber recibido contratos de obra pública de forma irregular.
La investigación apunta a que Báez habría lavado dinero a través de una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. También se sospecha que Fernández habría facilitado estas operaciones, al permitir el ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero.
Fernández había sido imputada en 2016 por el fiscal del caso, Guillermo Marijuan. Sin embargo, en junio de 2023, el mismo fiscal solicitó su sobreseimiento, argumentando que no había pruebas suficientes para vincularla con el lavado de dinero.
Revés judicial
El sobreseimiento de Fernández fue cuestionado por la organización no gubernamental ‘Bases Republicanas’, afín al partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Esta ONG se presentó como querellante en la causa y pidió que se revisara la decisión del fiscal.
El 28 de noviembre pasado, la Cámara Federal accedió al pedido de ‘Bases Republicanas’ y revocó el sobreseimiento de Fernández. La causa volvió a manos del juez Sebastián Casanello, quien deberá continuar con la investigación.
Fernández presentó una queja contra esta revocación, pero fue rechazada este lunes por la Corte. De esta manera, la expresidenta sigue siendo investigada por lavado de dinero, junto con otras causas por corrupción.
Situación procesal
Fernández fue condenada el 6 de diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue por administración fraudulenta de fondos públicos en la concesión de obras públicas.
Sin embargo, esta condena no es firme, ya que Fernández apeló y el caso está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
Fernández perdió sus fueros parlamentarios cuando dejó el cargo de vicepresidenta el 10 de diciembre de 2023. No se presentó a las elecciones generales y se retiró de la vida política.
A pesar de esto, Fernández podría solicitar reclusión domiciliaria, debido a que tiene más de 70 años. Esta es una de las condiciones que contempla el Código Penal argentino para otorgar este beneficio.
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