Espera que un "sector de la clase política" entienda que el suyo es un "gobierno puesto por la mayoría".
El mandatario peruano, Pedro Castillo, aseguró este domingo que el pedido de destitución presidencial que debatirá el próximo miércoles el pleno del Congreso es "parte del juego político" y que espera que un "sector de la clase política" entienda que el suyo es un "gobierno puesto por la mayoría".
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"Es parte del juego político. Yo creo que un sector de la clase política, estoy seguro, que ya van a entender que ha habido un gobierno puesto por la mayoría y hay que defender (…) la voluntad popular (…) hay temas urgentes como las grandes desigualdades que tiene el país", declaró a la prensa local el jefe de Estado.
Desde la norteña región de Cajamarca, donde acudió a emitir su voto por la segunda vuelta de las elecciones regionales que celebran nueve regiones del país, Castillo reafirmó que su Ejecutivo está "dispuesto al diálogo" con todos los poderes del Estado.
El mandatario, sin embargo, no confirmó si asistirá el miércoles al hemiciclo peruano, donde los legisladores debatirán y votarán la tercera moción de destitución en su contra.
"De acá, exhorto a las personas que están pensando distinto a nosotros como Gobierno que estamos dispuestos a dialogar, a ver cosas de manera democrática, respetando la institucionalidad y la gobernabilidad del país", sostuvo.
El pleno del Congreso aprobó el jueves pasado, con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, admitir a trámite una moción de vacancia (destitución) presidencial, la tercera desde que Castillo asumió el poder en julio del año pasado.
La moción, impulsada por el legislador independiente Edward Málaga, pide que Castillo sea destituido por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo.
En el documento presentado por Málaga, de más de 100 páginas, se asegura que "resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos".
La moción menciona "el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado", los "vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción" y "graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial", entre otros.
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