Informe encuentra desvío financiero, incumplimientos de regulaciones y falta de una política de coherencia en el uso de consultores del sector privado
El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que revela diversas irregularidades en el uso de firmas consultoras por parte del Estado durante la presidencia de Macron. Según el informe, en los últimos años se han detectado deslices financieros, incumplimientos de las normas vigentes y falta de una política de coherencia en el uso de consultores del sector privado.
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El informe, publicado este lunes por Le Monde, se basa en el análisis de aproximadamente un centenar de contratos realizados entre 2019 y 2022. En términos generales, el Tribunal de Cuentas confirma las conclusiones de la comisión de investigación del Senado, que ya había generado polémica durante la campaña presidencial de Emmanuel Macron en la primavera de 2022. Asimismo, el informe insta al Gobierno a corregir estas prácticas en los próximos años.
Uno de los aspectos más destacados del informe son las cifras relacionadas con el gasto estatal en servicios intelectuales. Durante la última década, estos gastos han experimentado un aumento notable. En 2014 el gasto rondó los 11 millones de euros, mientras que en 2018 alcanzó los 103 millones de euros y, finalmente, en 2022 superó los 200 millones de euros, sin tener en cuenta el gasto en tecnologías de la información.
Aunque estas cantidades solo una parte “mínima” del gasto público, equivalente al 0,25% del presupuesto de funcionamiento del Estado, el Gobierno no ha logrado dar una explicación representa global y coherente para justificar este incremento, pese a utilizar como argumento la crisis sanitario.
El informe del Tribunal de Cuentas ha expuesto la falta de transparencia en el uso de consultores del sector privado por parte del Estado durante el mandato de Macron. Las irregularidades detectadas, junto al importante aumento del gasto en servicios intelectuales, plantean serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos y la puesta en marcha de una política coherente por parte del Gobierno.
El informe del Tribunal de Cuentas es una acusación condenatoria del uso de firmas consultoras por parte de la administración Macron. El informe revela falta de transparencia, irregularidades financieras y la falta de implementación de una política coherente. Estos hallazgos plantean serias dudas sobre la capacidad del gobierno para administrar los recursos públicos de manera efectiva.
