Así lo reconoció el mismo presidente después de que informara sobre el convenio, que celebró buena parte del país y que abrió expectativas en otros sectores.
El país conoció el sábado pasado el acuerdo que firmaron el presidente Gustavo Petro y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, por medio del cual el Ejecutivo se comprometió a comprar tres millones de hectáreas de tierra fértiles con el fin de poner en marcha la Reforma Rural Integral y el primer punto del acuerdo de paz firmado con las Farc.
Muchos creyeron que de esa manera se iba a solucionar de inmediato tanto el problema de invasiones de tierra, contra las cuales los propietarios se vienen organizando, como el histórico problema de tierras que está en el origen del conflicto en Colombia. Pero, por lo planteado por Petro, el asunto no será tan rápido.
Incluso, hubo quienes criticaron a la senadora María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, por el hecho de que él haya accedido a un acuerdo “tan fácil” con Petro, pese a las marcadas diferencias ideológicas entre ambos.
“Las decisiones del gremio ganadero se toman con base en sus intereses, que son válidos. No se equivoquen quienes salen a desinformar, pues yo soy y seguiré siendo o-po-si-to-ra al Gobierno de Gustavo Petro. Considero que su causa está basada en el resentimiento y pone en riesgo la institucionalidad y la libertad”, respondió la senadora en un audio difundido por Caracol Radio. “Por eso, mi tarea como líder de la oposición es clara, la estoy ejerciendo con un partido que está trabajando para evitar que las ‘petrorreformas’ acaben con este país”.
Qué dijo Gustavo Petro sobre el acuerdo con Fedegán
El presidente Gustavo Petro explicó que el acuerdo es producto de una decisión libre y voluntaria de los propietarios dedicados a la ganadería extensiva de vender esas extensiones de tierra.
“Indudablemente lo más difícil es conseguir los dineros para que, a un ritmo de unas 500.000 hectáreas anuales pudiéramos avanzar”, dijo Peto en rueda de prensa al explicar los alcances del acuerdo, que tendría un monto total de 60 billones de pesos.
“Porque esa tierra tiene que tener crédito, tiene que tener transferencias tecnológicas, tiene que tener mecanismos de comercialización. Tiene que tener un proceso de asociatividad regional que nos permita saltar hacia la agroindustria. No solucionar el problema fundamental que genera la violencia es prácticamente condenar al país a carencias, a pobrezas y a la muerte”, agregó el mandatario.
Al aterrizar el tema, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo en Caracol Radio: “Eso no es inmediato. El precio depende de qué tan productiva es la tierra, de los precios máximos y mínimos, de lo que diga el catastro. Nosotros estamos estimando la necesidad de crear un fondo con recursos probablemente de algunas vigencias futuras. Estamos mirando cómo sería”.
“Pero tenemos que estar un poco más preparados para saber cuál será la dinámica de esa compra. Cómo le digo, eso no van a ser todas [las hectáreas] enseguida ni podemos saber exactamente la demanda. Lo que tenemos que tener es flexibilidad para poder responder a esa compra que tenemos que hacer”, agregó la funcionaria en la emisora.
Con este acuerdo se creará una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Agricultura, con la participación de la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y Fedegán. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas, a lo que se sumará el resultado del catastro multipropósito.
El Gobierno Nacional asumirá los costos para hacer realidad este negocio y el pago se hará con bonos de deuda pública u otra forma que determine el Ejecutivo. Además, tendrá a su cargo la construcción y mantenimiento de las vías terciarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos, lo cual incrementaría aún más el valor de esta iniciativa.
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