Se han registrado un poco más de 40 casos en los meses recientes. Abundan panfletos y llamadas.
Ludys Ovalle Jácome
Especial para El Tiempo
Valledupar
La Corporación de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, rechazó rotundamente las agresiones de las cuales han sido víctimas más de 40 líderes sociales y defensores de derechos humanos que vienen trabajando en este departamento.
El pronunciamiento lo hizo a raíz de las recientes amenazas de muerte contra Johana Caviedes, personera de Aguachica (Cesar), por lo que solicitaron a las autoridades competentes, investigar el caso e implementar las medidas de protección a la funcionaria.
“Los hechos que se han presentado en el Cesar no revisten las dimensiones de lo que ha venido sucediendo en otras regiones del país. Sin embargo, esto no debe llevar a equivocaciones en el sentido de que ‘aquí no ha pasado nada’, por lo que se deben tomar las medidas a que haya lugar”, precisó la corporación en un comunicado.
En este mismo contexto, llamaron la atención sobre la gravedad del fenómeno de exterminio social que afronta esta sección del caribe colombiano, el cual se viene formulando a través de panfletos, pasquines y llamadas telefónicas intimidantes, que afectan a diferentes sectores del departamento.
“En ocasiones se les endilga su participación real o presunta en actividades ilícitas: abigeos, cuatreros, ladrones, atracadores, expendedores de sustancias psicoactivas o población con orientación sexual e identidad de género diversas o migrantes venezolanos”, explicó la organización.
Ante este panorama, reiteran a la Gobernación del Cesar y al Ministerio del Interior, instalar oficialmente la Mesa Territorial de Garantías, referida a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su sostenibilidad.
“Hasta ahora ha faltado voluntad política de los gobernantes de turno del departamento, incluso, hay una sentencia judicial que ordena al Gobierno Nacional adelantar todo para que se instalen estas mesas y no ha sido posible”, recalcó un vocero de derechos humanos.
Exigieron, además, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas Farc-EP especialmente en los temas relacionados con la protección de los excombatientes firmantes del referido acuerdo y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y criminales.
Finalmente, insistieron en el llamado a las partes para que se propicie un escenario en el que se puedan reanudar la Mesa de Diálogo entre el Estado colombiano y el ELN.
“En esta región hay dos estructuras del ELN que se mantienen activas y se han venido presentando algunos hechos de ataque contra la fuerza pública que generan siempre reacciones que pueden derivar violación a derechos humanos. No puede haber paz territorial mientras sigan activas estas organizaciones”, puntualizó el vocero.
Un reciente informe de esta corporación sobre violencia en torno a líderes sociales defensores de derechos humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, en este territorio, indica la violencia sistemática contra esta población.
En este sentido, destacan el asesinato de Yobani Carranza Castilla, de 32 años de edad, líder social de Chiriguaná, quien en los últimos meses había incrementado sus denuncias por los daños ambientales que la minería en materia de arrastre y los cultivos de palma aceitera le estaban ocasionando a la quebrada La Mula, afluentes de los corregimientos de Rincón Hondo y Poponte, en esta jurisdicción.
El hecho ocurrió el pasado 27 de enero en el barrio 12 de octubre de Valledupar. Cuando se encontraba frente a un taller de mecánica esperando que le solucionaran una falla a su vehículo.
Otro caso relevante, tiene que ver con las intimidaciones proferidas a Carlos Andrés Rueda Nieves, dignatario de la organización de comunicación popular CaribeNato, Consejero de Paz del Cesar y quien desarrolla un trabajo de investigación acción participativa con campesinos de la Serranía del Perijá.
Díganle a ese muchacho que se cuide, que está en inminente peligro
El episodio tuvo lugar en el barrio Sabanas del Valle de la capital del Cesar, en esa ocasión, un desconocido dejó en su residencia el siguiente mensaje: “Díganle a ese muchacho que se cuide, que está en inminente peligro”.
Una situación similar se presentó en el barrio La Nevada de Valledupar, cuando Yaniris Barraza Guzmán, líder social y dignataria de la Asociación Colombia Profunda (ACP) que trabajan con familiares de víctimas de desaparición forzada, recibió un panfleto amenazante, presuntamente rubricado por el ELN, en el que proferían amenazas de muerte en su contra.
Desde septiembre de 2020 hasta hoy, los dignatarios del Comité Cívico por la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas de Curumaní, también han venido recibiendo múltiples amenazas.
Dicha organización que se ha puesto al frente de la defensa de la quebrada Simití, principal fuente de agua del corregimiento de San Roque, jurisdicción de esta localidad.
Otra víctima es Idanis Palma de La Hoz, quien fue objeto de un atentado sicarial en el que ella y su hijo resultaron heridos con arma de fuego en El Copey.
Se suman a esta lista de intimidaciones, los líderes de organizaciones de víctimas, José Luis Peralta Pacheco, Deibys Montaño Rincón, Yovanis Cordero Ballesta y William Contreras Lobo, pertenecientes a la Alianza de Gestores de Desarrollo para la Prevención y Protección (G-7), entre otros.
Fuente informativa:
eltiempo.com
Directora de Comunicaciones de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva,
Amplia experiencia en diferentes medios: Periodismo, Imagen Corporativa, Comunicación Organizacional, Marketing político, Relaciones Públicas, Protocolo, Proyectos Televisivos a nivel nacional, Asesoría de comunicación, Desarrollo de páginas Web y Mercadeo.
