(API) reportó la situación de orden público en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó.
Colombia vive una situación de inseguridad que afecta a varias regiones del país. La Agencia de Periodismo Investigativo (API) hizo un diagnóstico sobre el estado del orden público en siete departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó.
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Según la API, estas regiones tienen en común la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio y los recursos naturales. Estos grupos son responsables de cometer masacres, desplazar a la población civil, extorsionar a los comerciantes, reclutar a los jóvenes y violar los derechos humanos.
En el Cauca, por ejemplo, se han registrado 94 masacres desde el año 2016 hasta la fecha. Los principales actores armados son las disidencias de las FARC, el ELN y grupos paramilitares que buscan dominar los cultivos ilícitos y las zonas estratégicas.
En el Valle del Cauca, la situación es similar. Este departamento ha sufrido 55 masacres en el mismo periodo. Además, se han presentado casos de secuestro, homicidio y amenaza por parte de bandas criminales como Los Rastrojos y Los Urabeños.
En Nariño, el conflicto se ha agudizado por la cercanía con la frontera con Ecuador y el océano Pacífico. Este departamento ha padecido 35 masacres desde 2016 hasta ahora. Los grupos armados ilegales que operan en esta zona son el ELN, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares.
En Caquetá, la violencia se ha incrementado por la expansión de las disidencias de las FARC y el ELN en la región amazónica. Este departamento ha registrado 16 masacres en los últimos cinco años. Los habitantes también han sido víctimas de desplazamiento, violencia sexual y minas antipersona.
En La Guajira, el problema principal es la falta de atención del Estado a las necesidades básicas de los habitantes, especialmente de la comunidad indígena Wayúu. Este departamento ha tenido 10 masacres desde 2016 hasta hoy. Asimismo, se han dado enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública por el contrabando y la migración desde Venezuela.
En Arauca, el ELN ha intensificado sus ataques contra la infraestructura petrolera, las autoridades y la población civil. Este departamento ha sufrido nueve masacres en los últimos cinco años. Los habitantes también han sido afectados por el reclutamiento forzado y la violación del derecho internacional humanitario.
En Chocó, la minería ilegal ha generado graves daños ambientales y sociales en los territorios ancestrales de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Este departamento ha padecido ocho masacres desde 2016 hasta la fecha. Además, ha sido escenario de la presión de los grupos armados ilegales que quieren controlar los recursos naturales.
Estas son algunas de las realidades que enfrentan millones de colombianos en diferentes regiones del país, donde la inseguridad es una constante. La API hace un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para que se tomen medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos humanos y la construcción de la paz en estos territorios.
Fuente informativa:- API
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