La suspensión de 10 meses impuesta envía un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con los deberes legales y responsabilidades en el sistema judicial.
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción ejemplar a la Fiscal 24 penal militar, Elsa Saldaña de Mayorga, y a la jueza 59 de instrucción, Nuvia Stella Bello Quintero, por su falta de acción en un caso que involucra un posible homicidio culposo de un joven. Esta sanción consiste en una suspensión de 10 meses debido a su incumplimiento en resolver el asunto dentro del plazo legalmente establecido de dos años, lo que llevó a la extinción de la acción penal a favor del investigado.
Lea también: Manifestaciones generan caos en la movilidad de Bogotá a la altura de la Universidad Nacional
El caso en cuestión se remonta al 23 de marzo del 2000 y está relacionado con el proceso 2648 contra Luis Miguel Moreno Ramírez por el asesinato de Luis Carlos Orjuela Reyes. La Procuraduría ha verificado la conducta omisiva y pasiva de las funcionarias durante los nueve años que transcurrieron sin una resolución en el proceso, lo que finalmente resultó en la extinción de la acción penal. Esta falta cometida por Saldaña y Bello Quintero ha sido calificada como grave a título de culpa grave por parte de la Procuraduría, debido a su deber legal de resolver el caso en un plazo máximo de dos años y su incumplimiento en dicho deber.
La sanción impuesta busca enviar un mensaje claro y contundente a todos los funcionarios públicos y judiciales sobre la importancia de cumplir con sus deberes legales y responsabilidades en beneficio de la sociedad. La Procuraduría, como garante de la ética pública, ha confirmado que las servidoras vulneraron su deber legal de resolver el asunto a su cargo, lo que ha resultado en la sanción impuesta.
Esta decisión también tiene como objetivo transmitir un mensaje inequívoco a la ciudadanía, demostrando que el Estado está comprometido con el cumplimiento de la ley y la justicia, y que no tolerará la falta de acción por parte de sus funcionarios públicos y judiciales. La confianza de la ciudadanía en el sistema judicial es fundamental, y acciones como esta sanción refuerzan la idea de que se busca garantizar una administración de justicia eficiente y responsable.
La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de velar por el correcto ejercicio de las funciones públicas y continuar trabajando en pro de una justicia transparente y equitativa. Asimismo, insta a todos los servidores públicos y judiciales a cumplir con sus deberes y responsabilidades, recordándoles que su labor tiene un impacto directo en la vida de las personas y en la construcción de una sociedad justa y en paz.
