Investigados por presuntas violaciones a derechos fundamentales en visitas administrativas.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otras 15 personas, entre funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en las visitas administrativas realizadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería en marzo de 2024. ( Además: Campesinos de Codazzi, pierden cultivos por incendios forestales )
Las visitas en cuestión se llevaron a cabo en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil el 12 de marzo de 2024, y en la Cancillería los días 14, 15 y 19 del mismo mes. Estas diligencias tenían como objetivo verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos contractuales de ambas entidades.
Sin embargo, según la Procuraduría, durante las visitas se habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar. Esto habría afectado derechos fundamentales de los funcionarios y puesto en peligro la confidencialidad de información sensible, como el censo electoral.
Funcionarios y contratistas investigados
Entre los investigados se encuentran:
- Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia.
- Martha Liliana Fandiño Vergara, funcionaria de la SIC.
- Mario Alejandro Franco Vanegas, coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC.
- Yolanda Hernández Alonso, funcionaria de la SIC.
También se profirieron cargos contra contratistas de la SIC, como Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Nohemí Rodríguez Pombo, Karen Vanessa Angulo Sogamoso y José Miguel Moreno Reina.
Calificación de las faltas
La Procuraduría calificó la conducta de los funcionarios de la SIC como una falta grave cometida a título de dolo. En el caso de los contratistas, se determinó que, al ejercer funciones públicas, son destinatarios de la ley disciplinaria, por lo que su presunta actuación fue calificada como una falta gravísima cometida con dolo.
Este caso pone en evidencia la importancia de respetar los derechos fundamentales y la confidencialidad de la información durante las actuaciones administrativas. La Procuraduría reiteró que las actividades probatorias deben ajustarse estrictamente al objeto de la investigación, sin exceder los límites legales.
Fuente informativa:- Zona Cero
