Denuncian reclutamiento forzado sistemático en Tibú por ELN y disidencias de FARC. Muchos han muerto en enfrentamientos.
Entre 2016 y junio de 2025, actores armados ilegales reclutaron al menos 246 menores de edad del pueblo indígena Barí, asentados en los resguardos Motilón Barí y Catalaura, en el corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander. Alexander Adora, vocero de derechos humanos del pueblo Barí, denunció esta grave situación tras recopilar testimonios de familiares y líderes comunitarios sobre esta práctica sistemática y clandestina. ( Además: Capturada mujer implicada en atentado contra Miguel Uribe Turbay )
Grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC que operan en la región contactaron, trasladaron o forzaron a muchos jóvenes a unirse a sus filas. Según registros internos de la comunidad, algunos de estos menores ya han fallecido en enfrentamientos entre grupos armados en zonas rurales del Catatumbo.
A pesar de la magnitud del problema, la mayoría de las familias no denuncian ante las autoridades por temor a represalias. “Algunos padres han logrado ver a sus hijos uniformados o armados, integrando columnas móviles de estos grupos. Otros no han vuelto a saber de su paradero”, aseguró Adora, denunciando que el reclutamiento forzado se ha consolidado como una práctica constante en contra de los menores del pueblo Barí.
Este clima de miedo dificulta aún más la intervención institucional, especialmente en una zona donde la presencia de actores armados ilegales supera con creces la capacidad operativa del Estado.
Un caso reciente sacude a la comunidad
Una de las situaciones más recientes que alertó a la comunidad ocurrió el 8 de junio de 2025, cuando una niña de solo 12 años fue retenida por dos hombres en el casco urbano de Tibú, mientras se dirigía a la iglesia. Testigos y líderes locales confirmaron que el objetivo era su incorporación forzada a un grupo armado .
Gracias a la acción inmediata de dirigentes locales y autoridades tradicionales, cinco días después la menor fue devuelta a su familia. Sin embargo, este hecho evidencia cómo los grupos armados no solo operan en áreas rurales, sino también en espacios urbanos, aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Ante la gravedad de la situación, la comunidad Barí ha solicitado con insistencia la presencia de organismos internacionales y defensores de derechos humanos en la zona, dada la ausencia de medidas efectivas del Estado para prevenir y sancionar el reclutamiento infantil.
“Necesitamos garantías, no solamente para quienes viven en los resguardos, sino también para nuestras niñas, niños y adolescentes que están siendo objeto de una práctica que viola sus derechos fundamentales. No es una situación aislada ni reciente; llevamos años denunciándola sin que se vean resultados concretos en términos de justicia ni protección”, afirmó Alexander Adora.
En lo corrido de 2025, los resguardos del pueblo Barí han reportado al menos 12 nuevos casos de reclutamiento, lo que demuestra que la problemática sigue activa y requiere una respuesta inmediata.
Condiciones geográficas y control territorial
favorecen al reclutamiento
Las características del territorio —aislado, con difícil acceso y rodeado de selva— sumadas a la débil presencia institucional, han permitido que los grupos armados mantengan corredores de movilidad y centros de adoctrinamiento donde captan y reclutan a menores.
Además, ejercen presión psicológica y social sobre las familias, muchas veces obligadas a entregar a sus hijos bajo amenazas directas o promesas económicas falsas. La falta de oportunidades educativas y laborales en la región convierte a muchos jóvenes en objetivos fáciles para el reclutamiento.
La comunidad Barí reitera que, aunque han documentado estos hechos mediante registros internos y acompañamiento a víctimas, requieren de un sistema de protección real y coordinado que involucre a:
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Procuraduría General de la Nación
- Misiones internacionales de observación humanitaria
El objetivo es atender no solo los casos individuales, sino también los riesgos estructurales que enfrenta esta población, incluyendo el desplazamiento forzado, la violencia sexual y el uso de menores en actividades de inteligencia y transporte de droga.
Un grito de auxilio que no puede quedar en el silencio
El pueblo Barí eleva su voz para exigir al Estado colombiano y a la comunidad internacional que actúen con celeridad ante una crisis que pone en peligro la supervivencia cultural y física de una etnia ancestral. El reclutamiento de menores no es solo un crimen de lesa humanidad; es una amenaza directa contra el futuro de un pueblo originario que lucha por su dignidad y su derecho a vivir en paz.
Mientras el mundo mira hacia otros conflictos, en el Catatumbo siguen arrebatando la infancia, la esperanza y la identidad a niños que deberían estar estudiando, jugando y soñando, no portando armas en medio de una guerra que no eligieron.
Fuente informativa:- API
