El tribunal especial les endilgó crímenes de guerra y de lesa humanidad por las ejecuciones de civiles presentados como caídos en combate entre 2003 y 2008.
En una declaración pública, la justicia especial de paz (JEP) aseguró haber reunido evidencia para formular cargos por el asesinato y desaparición forzada de cientos de personas en el departamento de Casanare.
Los uniformados pertenecían a la Brigada XVI, donde se terminó implantando “una organización criminal” para asesinar y presentar “falsamente” a civiles como guerrilleros o delincuentes “dados de baja en combate”, señalaron los magistrados.
Entre las 303 víctimas la mayoría son hombres entre los 18 y 25 años, pero también hay “nueve mujeres, una persona LGBTI, ancianos, personas con deficiencias cognitivas” y otras que fueron engañadas con promesas de trabajo.
La JEP también determinó que las tropas ejecutaron a civiles que “fueron incentivados a consumir alcohol o estupefacientes”. Los efectivos de la Brigada XVI recibieron a cambio “permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos” para propiciar su ascenso.
La misma práctica se extendió a varias unidades militares entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. La JEP estima que los militares cometieron 6.402 asesinatos en ese periodo.
Los 19 militares (un general y cuatro coroneles en retiro), y los otros tres imputados, deberán en las siguientes semanas reconocer o rechazar los cargos.
Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de 20 años de prisión.
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