Durante la Asamblea General se conoció que ha habido incremento en asesinatos y exilios.
El reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reveló un preocupante panorama en cuanto al incremento de asesinatos y exilios de periodistas en las Américas.
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Según las conclusiones presentadas durante la 78 Asamblea General de la SIP realizada este viernes, en la región se evidencia “la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente”.
La nueva edición de 2022 comprende el periodo del 2 de agosto de 2021 hasta el 1.° de agosto de 2022 y sirve como un indicador que muestra las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en América.
El registro de esta nueva edición da cuenta de 25 periodistas asesinados en los últimos seis meses, hecho que generó mayor condena e indignación por parte de los más de 200 editores de medios que asistieron al encuentro.
“La cifra asciende a 40 si se considera el período desde la 77ª asamblea, realizada en octubre de 2021”, señala el documento de la SIP.
Entre los países que registraron crímenes contra periodistas según las cifras presentadas, se encuentran Colombia y Haití con 3 casos; Ecuador y Honduras, 2, y Estados Unidos, Paraguay, Brasil y Chile, 1.
Sobre los casos de Colombia, uno es el del periodista Rafael Emiro Moreno Garavito, asesinado el 16 de octubre en Monntelíbano, Córdoba. Otro caso bajo investigación es el de Leiner Montero y Dilia Contreras, asesinados el 28 de agosto en Fundación, Magdalena.
En el caso de Colombia, también se conoció que prescribieron, en medio de la impunidad, tres casos de periodistas asesinados en lo corrido de este año.
México, una vez más, registró las cifras más altas de crímenes contra periodistas y empleados de medios de información con un total de 11 víctimas desde abril.
Desde la asamblea se solicitó a los gobiernos y a las autoridades asignar prioridades en las investigaciones y sistemas de prevención que permitan dar captura a los responsables y evitar que se sigan presentando estos ataques y vulneraciones contra la libertad de prensa.
Según información entregada en las conclusiones de la Asamblea, Ecuador y Paraguay están creando sistemas de protección para periodistas, que se suman a los ya existentes en Brasil, Colombia, Honduras y México.
Exilios: un fenómeno que no se detiene
El documento de la SIP indica, además, que la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial han llevado al exilio a 29 periodistas y mantiene en prisión a 15 comunicadores y trabajadores de medios.
El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, mantiene a 6 periodistas en prisión, además de dos empleados del diario La Prensa que fueron detenidos.
“Al menos 15 periodistas salieron al exilio y ya son más de 150 los que han vivido la misma situación en los últimos cuatro años. El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica y cortó la señal de CNN en español”, denuncia la SIP.
Tanto Nicaragua, como también Cuba y Venezuela, se sitúan a la cola en el nuevo ranking Índice Chapultepec 2022 sobre libertad de la SIP.
Estos tres países son también los únicos con tres de las cuatro dimensiones que se tienen en cuenta con peores resultados: ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y el control de medios que ejercen los gobiernos.
“Vemos nuevas y viejas prácticas de criminalizar a los periodistas en algunos países. Algunos homicidios lamentables ocurrieron incluso frente a los familiares de estos periodistas como ocurrió en Venezuela, además de nuevas campañas de odio por parte de funcionarios”, denunció el venezolano León Hernández de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB).
Argelia Perozo, profesora también de la UCAB, señaló que en este tipo de países se establecen legislaciones “que desfavorecen la libertad de expresión, promueven la censura e incluso atacan el apoyo externo de medios independientes”.
De Cuba, por ejemplo, se criticaron los exilios y las detenciones. Un periodista y dos influenciadores digitales permanecen presos, en tanto que cuatro ciudadanos están detenidos por críticas al gobierno en las redes sociales.
Además, tres periodistas independientes se exiliaron y a otros 20 se les «ofertó» la opción de salir del país, con la amenaza de no regresar.
“En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro cerró 41 radioemisoras. También intensificó su ofensiva contra el libre acceso a la información mediante el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales”, reseña el informe.
En El Salvador, dos periodistas permanecen presos, en tanto que 10 más se exiliaron debido a la hostilidad del gobierno de Nayib Bukele.
Capítulo Colombia
En el capítulo de Colombia, la SIP referenció las afectaciones que sufrió la prensa especialmente durante la recta final de las elecciones presidenciales que culminaron en junio.
“Los hechos más relevantes en contra de la libertad de prensa en este período fueron los gestos de hostilidad contra la prensa en el contexto de intensa polarización en la fase final de la campaña presidencial, así como los asesinatos de periodistas, las amenazas y las presiones”, indica el informe.
La Misión de Observación Electoral (MOE), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación de Medios de Información (AMI) manifestaron en mayo su preocupación por la manipulación de la conversación pública en las redes sociales y el nivel de agresividad contra la prensa en segunda vuelta por parte de las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
Además, ocho periodistas denunciaron trabas de acceso a la información en la Fiscalía, mientras que 15 medios regionales y locales salieron del aire por varios días debido al paro armado del ‘clan del Golfo’ en Antioquia y Córdoba.
“Desde marzo se produjeron 120 amenazas contra medios y periodistas, 16 incidentes de agresión física, 34 casos de bloqueo al acceso de información, 18 de acoso judicial, uno de violencia sexual, uno de exilio, 29 de hostigamiento y seis de detenciones ilegales”, según reseñó la FLIP.
La SIP habló en específico sobre estos casos de persecución tomando como ejemplo el episodio vivido en Medellín entre el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, y el periódico El Colombiano, pues, según la SIP, el alcalde Daniel Quintero y su equipo tomaron posturas negativas en respuesta a investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción.
“A través de redes sociales, el mandatario local y algunos funcionarios instigaron y realizaron campañas de descrédito y desprestigio en contra de la credibilidad del medio y su directora, lo que desembocó en violencia en línea por parte de seguidores del alcalde. Asimismo, el diario denunció que esas autoridades cometieron acciones de acoso judicial y retraso y evasión de información”, señala la SIP.
Durante la Asamblea, la SIP resolvió exhortar a Daniel Quintero y a su gabinete “a que detengan sus ataques y descalificaciones en contra de El Colombiano y su directora, normalizando las condiciones que deben acompañar al libre ejercicio de la libertad de prensa”.
Además, instó a las autoridades a que confieran la importancia necesaria a la investigación y el castigo de los culpables de actos de violencia, incluido el acoso contra periodistas, en los espacios cibernéticos.
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