La preocupación fue expresada por el ente de control en la décima sesión del CONALDEF.
En correspondencia con sus funciones como autoridad de control, la Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado al Ministerio de Ambiente y a las autoridades territoriales, para el cumplimiento de los compromisos en la ejecución e implementación de alternativas a las actividades ganaderas para la población vulnerable campesina en los Parques Naturales Nacionales y Regionales del territorio nacional, debido a las afectaciones que han enfrentado por la eliminación de la producción ganadera que contempla la cancelación del Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP), ordenado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de la Rresolución 07067 del 2 de mayo del 2022.
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El Ministerio Público advirtió que a la fecha no se han cumplido con los compromisos adquiridos, en cuanto a que, entidades del orden nacional debían emitir lineamientos para la firma de acuerdos con campesinos en condición de vulnerabilidad, garantizando los derechos de esta población, luego de la medida decretada por el ICA, para la contención de los daños ocasionados en los bosques del país, situación que vincula al uso de estas tierras con fines ganaderos.
Sin embargo, a pesar de las advertencias hechas por el ente de control, el régimen de transitoriedad para la aplicación de la resolución del ICA se cumplirá el próximo 31 de diciembre, por lo que la Procuraduría reiteró su llamado, para evitar que las estrategias y plazos establecidos para contrarrestar los motores de deforestación sean prorrogados, como lo plantea un borrador de resolución publicada por el ICA, lo que implicaría el probable incremento de la deforestación en el próximo año y la pérdida irreversible de bosques y biodiversidad.
Asimismo, el Ministerio Público insistió en el trabajo articulado entre las diferentes instituciones para coordinar acciones que permitan contrarrestar los diferentes motores de deforestación, especialmente la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, así como la construcción ilegal de vías en la Amazonía, la cual atraviesa dos parques nacionales naturales, causando la deforestación de 11.000 has en el Guaviare; actividades donde presuntamente se encuentran implicados funcionarios públicos y de elección popular.
En este sentido desde la Procuraduría General de la Nación se avanza en la investigación de los funcionarios públicos de elección popular, que pudieran favorecer con su acción u omisión, la construcción de vías y apropiación de baldíos que han causado afectaciones en el medio ambiente.
Por último, el ente de control recordó su rol como cabeza del Ministerio Público y reiteró su compromiso en la articulación institucional y social para la contención de la deforestación en el país, lo que redunda en defensa de los derechos colectivos y ambientales, la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de la constitución, la ley y las decisiones judiciales, advirtiendo que continuará velando por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
*Con información de Procuraduría General de la Nación
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