Presentan proyecto de ley de sometimiento para condenados en centros de operaciones de paz.
El senador Ariel Ávila presenta ponencia para el proyecto de ley de sometimiento en medio de la inminente negociación entre el Gobierno de Gustavo Petro y los cabecillas de bandas criminales y grupos delincuenciales de Medellín, en la cárcel de Itagüí, se revela en el Congreso la oferta del Ejecutivo para los condenados recluidos en dichos centros de operaciones.
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En la tarde del martes, el senador de la Alianza Verde y figura clave en la bancada gubernamental, Ariel Ávila, presentó la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de sometimiento, que será discutido la próxima semana.
El texto de 93 páginas ha experimentado modificaciones en 20 de sus 63 artículos y constituye el insumo final que los voceros de la Casa de Nariño presentarán a los cabecillas de las bandas este viernes, durante la instalación formal de la mesa de diálogo con los combos antioqueños. Mientras tanto, en el Congreso, los legisladores analizarán uno a uno los puntos del proyecto.
El Gobierno denomina a esta iniciativa “sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas”. Está enfocada en bandas como el grupo Niquía Camacol, liderado por Juan 23, quien ya se encuentra bajo custodia judicial, y La Unión, liderada por alias El Ronco, otro individuo que también se encuentra tras las rejas.
Menos tiempo en prisión y beneficios económicos
El proyecto de ley ofrece a los cabecillas de estas bandas y a los líderes de otros grupos como el ‘Clan del Golfo’, ‘La Oficina’ y ‘Los Pachelly’ la posibilidad de someterse colectivamente, aunque se formalizaría mediante actas individuales de sujeción.
Esta propuesta de paz total les permitiría pagar únicamente entre 6 y 8 años de cárcel, un período considerablemente corto si se tiene en cuenta que las condenas por narcotráfico pueden alcanzar los 30 años. Además, podrían aspirar a una libertad provisional condicionada de 18 meses, la cual se haría efectiva una vez los delincuentes firmen un compromiso de reintegración a la vida civil. Cabe destacar que el concepto de “reinserción” reemplaza al de “reintegración” en el texto, enfocándose en un enfoque restaurativo.
Para aquellos que se presenten ante la justicia por primera vez, existe la posibilidad de pagar solo 10 años de pena. Incluso aquellos señalados por delitos menores, como porte de armas o concierto para delinquir, podrían obtener la libertad condicionada con tan solo 6 meses de cárcel.
Entre los aspectos más destacados de esta propuesta se encuentra la opción de que los integrantes de estas bandas puedan quedarse con el 6% de las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas. Esta participación no puede superar los 10.000 salarios mínimos legales.
