La exministra del Deporte enfrenta acusaciones por celebrar contratos ilegales, pero no se solicitará medida de aseguramiento.
La Fiscalía General de la Nación ha tomado la decisión de imputar cargos contra María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, por presunto incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos. Según las acusaciones, Urrutia habría extendido la duración de 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión después de recibir la solicitud de renuncia.
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De acuerdo con la Fiscalía, la exministra habría ordenado la terminación selectiva de estos contratos tras la petición pública de renuncia realizada por el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 28 de febrero. En lugar de finalizar los contratos de manera adecuada, se habrían renovado apresuradamente y sin seguir las normas de contratación pública.
Los nuevos contratos, bajo la dirección de Urrutia, tenían una duración extendida hasta el 31 de diciembre de 2023, sin respetar los requisitos legales establecidos. Por tanto, se le imputará a Urrutia el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Es importante destacar que no se solicitará ninguna medida de aseguramiento en este caso.
En una entrevista con Blu Radio el 7 de marzo, María Isabel Urrutia, medallista olímpica, afirmó que su salida del Ministerio de Deporte no estaba relacionada con corrupción. Según Urrutia, estos contratos ya estaban en proceso antes de recibir la solicitud de renuncia, y los correspondientes estudios se estaban llevando a cabo dentro de los límites legales.
La exministra explicó que los contratos incluían a las 74 federaciones deportivas, a las cuales se les entregó directamente el financiamiento en lugar de pasar por el Comité Olímpico. Además, afirmó que se realizó un estudio previo de los contratistas, quienes presentaron sus hojas de vida, y aseguró que no hubo malversación de fondos.
