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miércoles, 22 enero, 2025

    Extradición de Mancuso, prioridad para el Gobierno

    Audiencia ante la JEP
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    Gobierno colombiano activará mecanismos diplomáticos para traer de vuelta a Mancuso y garantizar su contribución a la agenda de Paz Total.

    En un extenso comunicado de prensa, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Danilo Rueda, salió en defensa de la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y miembro de las Autodefensas de Colombia (AUC), como gestor de paz.

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    Según el comunicado, las gestorías de paz de los exintegrantes de las AUC respetan la autonomía judicial, lo que respalda el nombramiento de Mancuso.

    En este sentido, la oficina del Alto Comisionado informó que los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores activarán los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Mancuso a Colombia.

    Se ha manifestado que su presencia en el territorio nacional es fundamental y deberá cumplir con las exigencias que deriven de la libertad a prueba de la Sala de Justicia y Paz.

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    Recordando que Mancuso expresó su convicción de contribuir a la agenda de la Paz Total del presidente Petro en 2022, se espera que cumpla con las tareas propias de una gestoría de paz como exmiembro de ese grupo armado.

    La oficina del Alto Comisionado para la Paz también se pronunció sobre el resto de los integrantes de las AUC que deseen hacer parte de la política de Paz Total. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los exmiembros de ese grupo ilegal.

    Además, se hará un seguimiento riguroso a los compromisos asumidos por estos, advirtiendo que cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de sus roles como gestores de paz.

    En cuanto a la situación jurídica, el Gobierno Nacional está analizando cada caso a la luz del derecho interno y del Derecho Internacional, en el marco de acuerdos humanitarios.

    Cada gestor de paz exAUC deberá asumir compromisos de reconocimiento de responsabilidad e identificación en delitos como el despojo de tierras y desapariciones forzadas, entre otros, que aún requieren esclarecimiento y reparación.

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    El comunicado también enfatizó el rechazo hacia cualquier tipo de presión, intimidación o amenaza dirigida a magistrados, jueces o fiscales durante este proceso.

    La oficina del Alto Comisionado subrayó la importancia de que la búsqueda de paz en todo Colombia involucre a todos los sectores políticos, sociales, gremiales e institucionales del país. El camino hacia la paz debe ser un esfuerzo colectivo para construir un futuro más próspero y seguro para todos los colombianos.

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