La Procuraduría encontró irregularidades en la ejecución de un proyecto financiado con $30.000 millones para proveer energía eléctrica a tres municipios del departamento.
La Procuraduría General de la Nación reveló que hay indicios de corrupción en la ejecución de un proyecto de energía solar en el departamento del Amazonas, que fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor de $30.000 millones.
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El proyecto, que inició en 2015, tenía como objetivo proveer de energía eléctrica a los municipios de Puerto Nariño, Tarapacá y La Chorrera, mediante la instalación de celdas fotovoltaicas. Sin embargo, según el ente de control, el proyecto no ha entrado en funcionamiento, está desactualizado, parte de la infraestructura instalada se deteriora por el clima y el vandalismo, y es innecesario, pues las comunidades ya cuentan con un sistema eléctrico robusto.
La Procuraduría delegada para el Seguimiento a Regalías realizó una visita al municipio de Puerto Nariño y encontró que el proyecto presentaba retrasos significativos, sobrecostos, incumplimientos contractuales y falta de planeación. Además, evidenció que la gobernación del Amazonas no reportó los avances ni los problemas del proyecto al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Región Centro Sur, que fue el que aprobó los recursos.
Entre las irregularidades detectadas por la Procuraduría se encuentran las siguientes:
- Una planta eléctrica que costó más de $300 millones se quemó y no fue reemplazada.
- Decenas de baterías para almacenar la energía solar se dañaron por la inactividad y la humedad.
- Nunca se definieron los predios donde se construiría la infraestructura, lo que generó retrasos y adiciones presupuestales.
- El proyecto se presentó como una solución urgente para las comunidades, pero no se hizo un estudio previo de la demanda ni de la oferta existente.
- El proyecto no tiene un plan de sostenibilidad ni un operador definido.
El procurador delegado para Seguimiento a Regalías, John Harvey Pinzón, presentó un informe al despacho de la procuradora general, Margarita Cabello, para que se evalúe la apertura de acciones preventivas o disciplinarias contra los responsables del proyecto. Asimismo, solicitó a las autoridades locales y regionales tomar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
El gobernador del Amazonas, Jesús Galdino Cedeño, no se ha pronunciado sobre el caso. Según el portal web del SGR, el proyecto tiene un avance físico del 68,74 % y un avance financiero del 81,26 %.
