El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el cuarto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final. Se evidencian problemas en la sustitución de cultivos ilícitos y la coordinación interinstitucional.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó el cuarto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El documento muestra las fallas y los desafíos que persisten en el cumplimiento de los compromisos pactados con las FARC.
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Uno de los aspectos más críticos es el Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Según el informe, el avance es casi nulo después de siete años de haberse firmado el Acuerdo. Solo se ha logrado activar el 2% de los proyectos productivos de ciclo largo. Además, se han presentado dificultades para priorizar las regiones más afectadas por la siembra y comercialización de cultivos ilícitos.
El informe también señala que los grupos armados ilegales han obstaculizado la implementación del programa. Su presencia e injerencia en los territorios ha generado violencia, desplazamiento, despojo y asesinato de líderes sociales. Por eso, el Defensor del Pueblo pidió la presencia efectiva del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de la población civil.
Otro problema evidenciado por el informe es la falta de articulación interinstitucional. La Defensoría del Pueblo ha observado altos niveles de improvisación y ralentización en el ritmo de ejecución de los puntos del Acuerdo. Asimismo, ha recomendado que no se concentren todas las funciones alusivas a la implementación en el Alto Comisionado para la Paz.
Finalmente, el Defensor del Pueblo advirtió que la política de paz total no debe afectar la implementación del Acuerdo Final. Dijo que ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados ponen palos en la rueda. También afirmó que el Acuerdo necesita un impulso que se materialice en la mejora de los indicadores.
