Carlos Camargo dice que la paz total solo es posible con la voluntad de las estructuras al margen de la ley.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que dejen de combatir entre ellos y pongan fin al conflicto que afecta a la población civil. Según Camargo, la paz total solo es posible con la voluntad de las estructuras al margen de la ley de renunciar a las hostilidades generadas por la disputa del control territorial y social.
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“La población civil siempre es la más perjudicada con el accionar de las armas”, afirmó el Defensor, quien agregó que su llamado es para todos los grupos, no solo los que están en fases exploratorias y en conversaciones con el gobierno, sino también aquellos que no forman parte de las mesas.
La Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo, a través de varias Alertas Tempranas de Inminencia (ATI), los riesgos en los que están varios territorios del país, especialmente en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó.
En estos departamentos se han registrado enfrentamientos entre el ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos (del Estado Mayor Central, liderado por ‘Iván Mordisco’), así como entre el Estado Mayor Central y las disidencias de las FARC. Estos combates han originado desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, amenazas y restricciones a la movilidad de las comunidades.
La Defensoría también ha alertado sobre la presencia de bandas criminales como el Clan del Golfo, que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos también podrían recibir beneficios como rebajas de penas y no extradición si se acogen a la ley de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La Paz Total es un concepto creado por el gobierno de Petro con el cual convierte la búsqueda de la paz en una política de Estado. Esto incluye la negociación de paz con grupos armados ilegales, pero también poner a la comunidad en el centro de esas negociaciones, por ser ellas las que están en medio de la confrontación.
La ley entrega facultades para negociar con grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. También contempla la creación de un fondo para la paz para garantizar la inversión social en las zonas apartadas golpeadas por la violencia y la presencia de los grupos armados ilegales.
La ley fue aprobada en octubre por el Congreso y actualmente está siendo revisada por la Corte Constitucional, que debe pronunciarse sobre su constitucionalidad. El presidente Petro ha manifestado su disposición a dialogar con todos los actores armados y ha recibido el apoyo de varios países como garantes del proceso.
