Comunidades confinadas por grupos armados ilegales están pasando hambre y enfrentando otras violaciones a sus derechos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, lanzó una alerta a causa de la crisis humanitaria silenciosa que enfrentan las comunidades de varias veredas del municipio de Cáceres (Antioquia) por cuenta del confinamiento en el que están, originado por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales.
Lea también: Gobierno y ELN cese al fuego bilateral: los nueve puntos clave
"Además de reiterar el llamado a las estructuras criminales a que dejen al margen de sus acciones a la población civil, como Defensor del Pueblo me comprometo a impulsar la articulación institucional para buscar que las diferentes entidades del Estado hagan presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, de manera especial, a las que habitan en 33 de sus veredas, y, claro que sí, a las de toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño", recalcó Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo registra afectación directa a las actividades laborales de la población, particularmente, en el sector minero, lo que afecta al comercio y al transporte en la subregión. De la misma forma, aunque se presenta confinamiento, las comunidades están temerosas de denunciar la grave situación de vulneraciones a sus derechos, pues argumentan retaliaciones de los actores armados al margen de la ley.
Son los mismos habitantes del nororiente del departamento, ante el recrudecimiento de la violencia, los que le hacen una petición especial al Ejecutivo. "La comunidad le apuesta a la paz y al proceso que viene adelantando el Gobierno Nacional con distintos grupos armados; en ese orden de ideas, solicitan que estas organizaciones ilegales, las mismas que están generando afectaciones, sean incluidas en las negociaciones de paz. Sin embargo, aclaran que no son voceros de ninguna de ellas, al tiempo que rechazan la presencia de cualquier actor armado en la región", expresó el Defensor del Pueblo.
Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se buscará brindar asistencia humanitaria a 972 familias que están enfrentando una difícil situación; además, seguirá con el acompañamiento necesario para articular, en beneficio de esos núcleos familiares identificados, las instancias locales y regionales con el nivel nacional.
"Las comunidades confinadas en sus propios territorios están pasando hambre, ya que viven en medio de todos los actores armados. Allí hay presencia del Eln, de las disidencias de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como AGC – Clan del Golfo", agregó Carlos Camargo Assis.
La entidad protectora de los derechos humanos le solicitará al ministro del Interior la realización de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) en Cáceres, con el propósito de que sea revisado el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 045 del 2020.
"Lo hacemos con el fin de pasarles revista a las acciones que han venido adelantando las diferentes instituciones para mitigar el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de esa zona del nororiente de Antioquia", indicó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
La crisis humanitaria en Cáceres, Antioquia, es una grave situación que afecta a las comunidades de la región. Los grupos armados ilegales están generando violencia y confinamiento, lo que está provocando que las personas pierdan sus medios de vida y su acceso a la alimentación, la salud y la educación. Es importante que el Estado aumente su presencia en la región y brinde la protección y la asistencia humanitaria que necesitan las comunidades afectadas.
