La Fiscalía pedirá que se cierre la investigación por manipulación de testigos, que fue abierta por la Corte Suprema contra el expresidente en 2018.
Primero fue la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Luego, la jueza 28 Penal de Conocimiento de Bogotá. Ahora, ante la insistencia de la Fiscalía, le corresponde al Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá decidir si el caso contra Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos, se cierra o se mantiene abierto.
Este lunes comienza el tercer round de uno de los procesos judiciales con mayor atención en los últimos tiempos, pues no es de poca monta. Por un lado, porque es la primera vez que un expresidente colombiano está tan cerca de ir a juicio. Y, por otro lado, porque el ente encargado de llevarlo a los estrados judiciales lo cree inocente.
Han pasado seis meses desde la última vez que la jueza 28 negó la petición de la Fiscalía de precluir la investigación. En este tiempo, los movimientos del expediente se pueden resumir en tres grandes hitos. El primero, el cambio de quien conduce el proceso: ya el caso no lo lleva el fiscal Gabriel Jaimes ―el hombre con el tercer cargo más alto en el búnker―, sino uno de sus subordinados: el fiscal Javier Cárdenas.
El segundo, que ese funcionario judicial llamó a interrogatorio a Álvaro Uribe. Aunque es un paso apenas evidente en cualquier proceso penal que se interrogue al investigado, Jaimes no lo había hecho. Pero ese no fue el único vacío que debió llenar Cárdenas.
El tercer hito fue una tutela que interpusieron las víctimas del caso: el senador Iván Cepeda; el exfiscal Eduardo Montealegre, su exvicefiscal Jorge Perdomo y la médica Deyanira Gómez, exesposa del principal testigo contra Uribe.
En el recurso, que no prosperó, argumentaban que con el cambio de fiscal se estaba dilatando el proceso, que a la Fiscalía se le habían vencido los términos para investigar y que, cuando la jueza negó la solicitud de cerrar el caso, no quedaba otro camino que llevar a Uribe a juicio. Además, hacían una advertencia que se convirtió en premonición: el ente investigador estaba abriendo la puerta a una nueva solicitud de preclusión.
El anuncio llegó el 1.° de agosto pasado, a días de que se cumplieran dos años desde que la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe por el mismo proceso.
La Fiscalía pidió una nueva audiencia de solicitud de preclusión y explicó que, desde que Javier Cárdenas asumió el expediente, además del interrogatorio, tomó catorce declaraciones, ordenó siete inspecciones, análisis forenses de fotografía y video y extracción de información de teléfono celular, entre otras evidencias.
A juicio de este nuevo fiscal, las conductas del expresidente no configuran delitos o no es posible, con las pruebas que hay, afirmar que sea responsable penalmente.
Una hipótesis que tendrá que demostrar ante el Juzgado 41 y que es distinta tanto de lo que había hallado la Corte como de lo que concluyó la jueza 28, Carmen Helena Ortiz. El primer round de este eterno proceso judicial tuvo lugar en la Sala de Instrucción del alto tribunal y se remonta a febrero de 2018.
La Sala Penal, que entonces investigaba a congresistas, se había inhibido de investigar al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos y, en cambio, había ordenado investigar a Uribe. Casi en paralelo, el abogado Diego Cadena, actuando en representación del expresidente, visitó a varios exparamilitares que habían sido testigos de supuestos vínculos turbios de Uribe.
Uno de ellos fue Juan Guillermo Monsalve, quien grabó un encuentro con Cadena en La Picota en el que, al parecer, este le sugería retractarse. Según la Corte, el testigo no solo recibió presiones de él, sino que otro grupo de personas cercanas al expresidente, como el excongresista Álvaro Hernán Prada y la asesora política Victoria Jaramillo, habrían buscado a Monsalve.
Y Cadena, por su parte, habría buscado a otros testigos, como Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien le consignó dinero que, según el abogado, era para “ayudas humanitarias”, y hasta habría escrito de su puño y letra cartas firmadas por exparamilitares que le decían al alto tribunal que querían declarar.
Para la Corte era claro: Uribe fue, “con probabilidad de verdad, el gran determinador de este entramado ilegal”. Por eso ordenó su detención mientras lo investigaba. Pero el expresidente renunció al Senado y su proceso pasó a la Fiscalía.
Tras estudiar el expediente, el fiscal Jaimes condensó el caso en seis episodios de posibles presiones que, a su juicio, no constituían delito y en los eventos que sí, dijo, no intervino Uribe. Pero la jueza 28 concluyó algo distinto: porque hubo elementos que no se investigaron a fondo, porque a su juicio sí se constataba la participación de Uribe y porque la Fiscalía había omitido practicar pruebas esenciales, como interrogar al investigado.
Con esa visión se cerró el segundo round del caso Uribe, que tardó un año. Pero, por las cuestiones las que la jueza pensaba que la investigación debía permanecer abierta, la Fiscalía las asumió como tareas que debía emprender para, una vez más, pedir la preclusión.
Así las cosas, mientras corren los dos años que le quedan al fiscal Francisco Barbosa al frente del búnker, también pareciera que a la vuelta de la esquina está la fecha en la que prescribirán los delitos por los que es investigado Uribe (octubre de 2025, seis años después de su indagatoria). Por ahora, todas las partes del proceso se verán, una vez más, frente a un juez para un nuevo asalto.
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