Tres grandes estructuras ilegales se han identificado en el departamento: grupos narcoparamilitares, disidencias de las Farc y frentes de la guerrilla del Eln.
La presencia y el aumento de grupos armados al margen de la ley en el departamento del Meta es una realidad que no se puede esconder.
El informe del 2021 sobre presencia de grupos armados, publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), reportó la acción de tres grandes estructuras ilegales en el Meta: grupos narcoparamilitares, estructuras de las disidencias de las Farc y frentes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
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La misma fuente señaló que los grupos narcoparamilitares ejercen su acción centrada en esta zona del país teniendo como organización más visible a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con un estimado de aproximadamente 1.600-1.700 personas en sus filas, que están replegadas en diferentes zonas del país.
Por su parte, los grupos posFarc que se concentran en Meta tienen al Bloque Suroriental como el más sobresaliente con 2.700 individuos en el grupo. Asimismo, el Eln cuenta en su estructura con un estimado de 2.450 personas que concentren su acción en Meta, Antioquia, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Arauca.
Según Indepaz, el sur del Meta es uno de los ocho focos territoriales del conflicto armado que hay en Colombia, pues en municipios como La Macarena y La Uribe hay presencia de los siguientes grupos: Frente Comandante Jorge Briceño Suárez-Unidad Jhon Linares del bloque suroriental, el Frente 62 Compañía Fernando Díaz – Unidad Sergio Carvajal y la Columna Móvil Teófilo Forero Castro- Unidad Oscar Mondragón de la Segunda Marquetalia, los cuales se encuentran actualmente en una disputa por un corredor de conexión con el pacífico y repliegue hacia la zona de los llanos.
A diferencia de las otras zonas, su importancia no es por presencia de cultivos ilícitos u otras economías ilegales; el interés es por el control de corredores, la formación de un centro de avituallamiento y de reclutamiento con el fin de engrosar las filas de las estructuras armadas.
Los municipios que tienen más presencia de grupos armados
Además de este foco armado que se ha establecido en estos dos municipios del sur del Meta, la presencia y accionar de grupos armados durante el año 2020 fue más alta en las jurisdicciones de Acacías, Fuente de Oro, Granada, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Martín, Villavicencio y Vistahermosa.
En municipios como Guamal y San Carlos de Guaroa la presencia y el accionar de grupos armados al margen de la ley fue media. Y, en los municipios de Barranca de Upía, Cabuyaro y Restrepo el accionar de los grupos armados fue baja.
Así las cosas, hay que precisar que, de acuerdo con Indepaz, en la intensidad alta están municipios que registraron actividad de grupos narcoparamilitares en 2020 y que entre 2008 y 2020 lo hicieron al menos en ocho años.
En la intensidad media se ubican municipios que registraron actividad de grupos narcoparamilitares en 2020 y que presentan actividad consecutiva en los últimos años y/o entre 2008 y 2020 lo hicieron en más de cinco años. Y la intensidad baja agrupa los municipios en los que se registró actividad de grupos narcoparamilitares en 2020 o entre 1 y 3 años de manera consecutiva (2017 – 2019).
Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama hay que señalar que en municipios como Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Granada, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Restrepo, San Juan de Arama, San Martín y Villavicencio se han centrado las acciones paramilitares durante el último año.
Y en los municipios de Acacías, Barranca de Upía, Granada, Puerto Gaitán, Restrepo, San Martín y Villavicencio se registraron acciones de las Autodefensas Gaitanistas De Colombia (AGC) durante 2020.
En el Meta, las AGC tienen acciones un poco más diseminadas. De acuerdo con Indepaz, estos grupos de menor tamaño hacen las veces de enlace por negocios legales como microtráfico y seguridad a las mafias, también por corredores de droga que vienen desde el sur del país.
Este tipo de organización en red les permite una mayor autonomía y articulación, por lo que por la estrategia de captura de cabecillas no es posible derrotarlos. Por ejemplo, en 2019 buscaron extenderse en el Meta y conectar con el Vichada para sacar droga por Venezuela y Brasil haciendo uso de distintos ríos. Al parecer, en el Meta trabajaban en unión con ‘Los Puntilleros’ para la compra de pasta base a las disidencias.
Este grupo armado (Los Puntilleros) delinque principalmente en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro, Granada, San Juan De Arama, Villavicencio, Puerto Lleras, San Juan De Arama, San Martín y su accionar se disparó en el 2020.
Al igual que la denominada ‘Segunda Marquetalia’, un grupo en cabeza de trece hombres y una mujer, quienes se denominan como la dirección de la Segunda Marquetalia Farc-EP.
Así las cosas, hay que señalar que la Defensoría del Pueblo en su Informe especial: “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo” (2018), destaca como escenarios posibles de aumento de la violencia la proliferación de economías criminales, especialmente el narcotráfico, y menciona: “El retiro de las Farc-EP de sus zonas de influencia, ha llevado al Ejército de Liberación Nacional (Eln), a los grupos armados posdesmovilización (Autodefensas Gaitanistas de Colombia/ Clan del Golfo-AGC/CG, Puntilleros y Pelusos) y a las estructuras disidentes de las propias Farc-EP, a desplegar dinámicas violentas orientadas al control de las economías mencionadas y a intervenir en el desarrollo de los circuitos asociados a estas, posicionándose en tales entornos con el empleo de estrategias criminales que van desde el conflicto directo con los grupos armados en competencia hasta las alianzas operativas, aumentando así los riesgos de victimización para la población de las zonas involucradas”.
Además, ‘International Crisis Group’ en su informe ‘Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz’ (2017) resalta que desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-EP se retiraron de sus núcleos rurales para agruparse en campamentos a principios de 2017, actores armados rivales han ocupado su lugar, librando una batalla por los despojos: el control de comunidades y territorios aislados, muchos de ellos ricos en negocios ilícitos.
Ha aumentado la tasa de extorsión y homicidios en el Meta
Ante este panorama, hay que señalar que varios Alcaldes del Meta se encuentran preocupados por el aumento de grupos armados ilegales en el departamento, ya que esto ha disparado delitos como la extorsión, el homicidio, el secuestro, entre otros.
Óscar Chaparro, alcalde de Lejanías, es uno de los más afectados con esta situación. De acuerdo con el mandatario local, en su municipio y gran parte de la zona del Ariari han aumentado las extorsiones a comerciantes y finqueros, debido al accionar de las disidencias de las Farc y alias ‘Juanito’, quien a pesar de estar recluido en un centro penitenciario, sigue coordinando el cobro de las extorsiones a los diferentes sectores productivos de la región y, además, ordena despojar de sus tierras a quienes se niegan a pagar las cuotas impuestas.
“Hemos trabajado arduamente en temas de seguridad, pero no podemos ocultar que la inseguridad aumentado en el sur del Meta debido a la presencia de estos grupos armados”, dijo el mandatario local, quien además ha recibido amenazas de disidencias de las Farc por emprender acciones contra ese grupo armado.
Pero no solo el municipio de Lejanías se ha visto altamente afectado con el actuar delictivo de estos grupos armados al margen de la ley, también lo ha hecho el municipio de Vistahermosa, uno de los más estigmatizados por el conflicto armado, donde parece que para los grupos armados no hay “ley ni orden”, “ya que ejecutan sus actividades ilícitas a plena luz del día y con libertad, pues tienen intimidadas a las autoridades locales”, según lo informa una fuente local.
A esta preocupante situación, que se registra en esta zona del departamento, hay que sumarle lo que sucede en los demás municipios del Meta, donde la extorsión está disparada por cuenta de la presencia de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales.
De acuerdo con el mayor Edwin Espitia, comandante del Gaula Meta, Villavicencio es la ciudad con la tasa más alta de denuncias de extorsión entre las principales ciudades del país.
Y aunque en lo que va corrido del 2022 han aumentado en un 45 % el número de denuncias por extorsión en el Meta, el mayor Espitia advierte que esta práctica delictiva sigue creciendo.
La mayoría de estas denuncias son por extorsiones hechas desde cárceles, mediante las que actúan bandas criminales y grupos armados al margen de la ley al mando de alias ‘Juanito’ .
Frente a esta preocupante situación, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dijo que una de las medidas de choque que ha tomado la fuerza pública para contrarrestar este flagelo en el Meta, es mejorar las labores de inteligencia.
“Necesitamos acercarnos más a los ciudadanos, que nos den información, porque la extorsión es un monstruo de 1000 cabezas. Alrededor de este delito hay asesinatos, reclutamiento, desplazamiento. Por eso, el compromiso es aumentar la capacidad operativa y la confianza para que la gente denuncie y nosotros podamos entregar más resultados”, planteó el Gobernador del Meta.
Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló de la crítica situación en materia de seguridad que vive el Meta en diálogo con RCN Radio.
De acuerdo con el titular de la cartera de Justicia, “El Comisionado de Paz está adelantando acercamientos con grupos armados en esta región del país para abandonen la actividad violenta y dejen las armas”
En cuanto a las actividades de extorsión, el ministro de Justicia dijo que:
“Estamos en comunicación con el ministro de Defensa para erradicar este flagelo desde diferentes cárceles del país. Hay compromiso del Estado de ofrecer tranquilidad a la ciudadanía. En eso estamos avanzado y no hemos abandonado esa preocupación”.
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