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viernes, 26 julio, 2024

    Más de 200 familias deberán abandonar viviendas ocupadas ilegalmente

    Viviendas de la Urbanización El Porvenir en Valledupar.
    Foto :
    archivo particular

    Se trata de un proyecto de vivienda de interés prioritario, destinado para familias desplazadas por la violencia.

    Ludys Ovalle Jácome
    Especial para El Tiempo
    Valledupar

    Un total de 226 familias que habitan ilegalmente las viviendas de la Urbanización El Porvenir en Valledupar, tendrán que abandonar estas casas durante las próximas semanas.

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    La medida hace parte de un proceso de desalojo determinado por la administración municipal, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar (Fonvisocial), a fin de continuar el proceso de entrega de estos inmuebles a los beneficiarios.

    “El desalojo estaba previsto para este martes 13 de junio. Para brindar transparencia a la jornada habíamos solicitado apoyo a la Policía Nacional, Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación seccional Cesar y otras entidades garantes de los derechos humanos. Anoche la policía dijo que había que reprogramar el desalojo por falta de personal”, explicó Mello Castro, alcalde de Valledupar.

    Se trata de un proyecto de 800 viviendas de interés prioritario ubicado al sur de la capital del Cesar, el cual demandó una inversión superior a los 25 mil millones de pesos.

    Una iniciativa liderada por la Alcaldía de Valledupar, producto de la sentencia T-946 del 2011 proferida por la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó a los entes territoriales construir casas a 800 familias víctimas de la violencia.

    En este sentido, se priorizaron residentes que en décadas anteriores invadieron el predio Sabana Uno, asentamientos ilegales Brisas de La Popa, Bello Horizonte II, Los Guasimales y Altos de Pimienta.
    Estos terrenos eran de propiedad del reconocido militar, Mayor Alberto Pimienta Cotes, que falleció en el 2021.

    archivo particular
    Viviendas de la Urbanización El Porvenir en Valledupar.

    La ejecución del proyecto inició durante la administración del exalcalde Augusto ‘Tuto’ Ramírez Uhía. Fue concluida en el 2020, por el actual mandatario de Valledupar, Mello Castro.

    De las 800 unidades habitaciones se entregaron formalmente 574. En el 2021, fueron ocupadas ilegalmente 226 viviendas por personas que en su mayoría fueron beneficiadas con apartamentos en las Urbanizaciones Nando Marín y Lorenzo Morales, al igual que por otro grupo de familias que ya tenían viviendas en otros sectores de Valledupar.

    En la entrega de estos inmuebles también fue necesario un proceso de desalojo que tuvo lugar en agosto del 2022. En esa ocasión se registró una alteración del orden público ante la negativa de las familias de abandonar las casas.

    “Muchas de las viviendas entregadas formalmente, también fueron invadidas por personas que no estaban vinculadas a este proyecto. Esto conllevó un desalojo en junio del 2022. En esa ocasión los ocupantes ilegales, destrozaron paredes, baños, cableado eléctrico y parte de los hechos. Quienes se niegan a desalojar las 226 casas, están vulnerando los derechos de las familias beneficiadas”, explicó Castro.

    Cabe resaltar que tras el incumplimiento de la sentencia T-946 del 2011, le fue impuesta una orden de arresto de cinco días, al alcalde de Valledupar, Mello Castro, luego de un fallo en primera instancia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta localidad.

    “Es una situación que se viene presentando desde administraciones pasadas. Si incumplo la sentencia, sería una orden de desacato. Hay que destacar que la casas vienen siendo desbalijadas, la mayoría de los invasores son población extranjera que no son beneficiarios de estos proyectos”, recalcó el mandatario.

    Antecedentes

    Una situación similar se registró en el año 2011 con la urbanización El Edén, ubicadas en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia (Cesar).

    En este sector el municipio construyó 320 viviendas para familias desplazadas y habitantes de la margen derecha del río Guatapurí. El proyecto demandó una inversión superior a los siete mil millones de pesos.

    En esa oportunidad, un grupo de invasores se adueñaron de 202 viviendas. Hasta la fecha están ocupadas ilegalmente.

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